QUE POLITICA, SANTO DOMINGO.- El pleno de la Cámara de Cuentas decidió desistir de todas las acciones judiciales e instancias legales que presentó la pasada gestión del órgano por ante la jurisdicción penal, la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Tribunal Constitucional, luego que fue allanado por el Ministerio Público por presunta obstrucción de la justicia e irregularidades en el ejercicio de sus funciones atribuida a los salientes miembros.
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Dispuso suspender provisionalmente los efectos jurídicos de la decisión número DEC-X2021-001, emitida el 25 de marzo de 2021 por los pasados miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente, Feliz Álvarez Rivera y Carlos Noés Tejada Díaz, mediante la cual se aprobó la contratación de los servicios legales de la firma de abogados Inteligencia Legal, S.R.L, representada por Jennifer Rodríguez Gómez y Francisco Soto, al igual que los efectos de las contrataciones, actuaciones administrativas y acciones judiciales realizadas como consecuencia de ese acto.
La medida fue adoptada mediante la resolución ADM-2021-007, aprobada el 3 de agosto, la cual está firmada por los miembros de la entidad Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente, Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta, Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña.
La resolución establece que desisten de la solicitud de nulidad del allanamiento y de la orden de allanamiento a la Cámara de Cuentas emitida por el juez de la instrucción especial designada por la SCJ; de la instancia de resolución de peticiones y del escrito de respuestas a un recurso de oposición realizado por el ministerio público.
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También decidieron desistir de la instancia del conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional presentado el 6 de abril del 2021 a través de los abogados Eduardo Jorge Prats, Julio Cury y Francisco Franco Soto y de cualquier otra acción de orden penal que haya sido promovida en virtud de la resolución DEC-X-2021-001.
Aprobó solicitar al Tribunal Constitucional que homologue el desistimiento del Conflicto de Competencia y que en consecuencia ordene el archivo definitivo del expediente número TC-03-2021-0002.
Ordenó a la Consultoría Jurídica de la Cámara de Cuentas que notifique la resolución a las partes interesadas.
Dispuso suspender provisionalmente los efectos jurídicos de la decisión número DEC-X2021-001, emitida el 25 de marzo de 2021 por los pasados miembros del Pleno de la Cámara de Cuentas Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente, Feliz Álvarez Rivera y Carlos Noés Tejada Díaz, mediante la cual se aprobó la contratación de los servicios legales de la firma de abogados Inteligencia Legal, S.R.L, representada por Jennifer Rodríguez Gómez y Francisco Soto, al igual que los efectos de las contrataciones, actuaciones administrativas y acciones judiciales realizadas como consecuencia de ese acto.
La medida fue adoptada mediante la resolución ADM-2021-007, aprobada el 3 de agosto, la cual está firmada por los miembros de la entidad Janel Andrés Ramírez Sánchez, presidente, Elsa María Catano Ramírez, vicepresidenta, Tomasina Tolentino de Mckenzie, secretaria, Mario Arturo Fernández Burgos y Elsa Peña Peña.
La resolución establece que desisten de la solicitud de nulidad del allanamiento y de la orden de allanamiento a la Cámara de Cuentas emitida por el juez de la instrucción especial designada por la SCJ; de la instancia de resolución de peticiones y del escrito de respuestas a un recurso de oposición realizado por el ministerio público.
También decidieron desistir de la instancia del conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional presentado el 6 de abril del 2021 a través de los abogados Eduardo Jorge Prats, Julio Cury y Francisco Franco Soto y de cualquier otra acción de orden penal que haya sido promovida en virtud de la resolución DEC-X-2021-001.
Aprobó solicitar al Tribunal Constitucional que homologue el desistimiento del Conflicto de Competencia y que en consecuencia ordene el archivo definitivo del expediente número TC-03-2021-0002.
Ordenó a la Consultoría Jurídica de la Cámara de Cuentas que notifique la resolución a las partes interesadas.