La entrega de la generadora de la que no se ha sabido el costo de su construcción y mucho menos su valor real de mercado, por no haberse realizado a un año de haber asumido los liquidadores la central, que parece indicar de qué se trata de un plan para que esta sea valorada a precio de vaca muerta, si partimos del hecho de que no se han podido realizar las auditorías, por falta de oferentes calificados, lo que atribuimos a la disposición del costo de la auditoría en apenas 200 mil dólares, para una obra que de acuerdo a las informaciones ofrecidas, rondó los 3 mil millones de dólares, razón por la que no podemos esperar que una firma auditora internacional, se interese en participar en las dos licitaciones declaradas desiertas, lo que ha obligado a una tercera de acuerdo a lo anunciado por uno de los liquidadores.
La entidad de la sociedad civil, pidió al presidente Luis Abinader, evitar los despropósitos de los liquidadores, que han actuado más a favor de los empresarios interesados en quedarse con el sector eléctrico, más que en la intención suya, como se desprende de la recomendación del fideicomiso público, siendo una prerrogativa del Congreso Nacional, disponer del patrimonio estatal, mientras que la figura del fideicomiso está concebida exclusivamente para actividades de naturaleza privada, en la que por su naturaleza privada, persiste la ausencia de transparencia, como lo establecen la Ley 200-04 de Libre Acceso a la Información Pública y la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas.
“El Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, debió edificar al presidente de la república que la Constitución Dominicana, en su artículo 128, numeral 2, letra d, establece la obligatoriedad de contar con la aprobación del congreso, para la enajenación de cualquier patrimonio público, que supere los 200 salarios mininos, en consecuencia, dictar un decreto, ejecutando en lo inmediato, la transferencia y entrega de Punta Catalina en manos privadas, sin pasar por el congreso previamente, constituye una violación a la Carta Magna”. Continuó diciendo Julio César De la Rosa Tiburcio, presidente de ADOCCO.
Las actuaciones de la comisión creada por el presidente Luis Abinader, mediante el Decreto No. 342-20, para la liquidación de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, CDEEE, tienen todas vocación de sometimiento penal, a partir de ejecutar el presupuesto aprobado a la líder del sector eléctrico, disponiendo en base al decreto que la crea, de su patrimonio, que solo podría hacerse con la modificación de la Ley 125-01, que en su artículo 138, crea la CDEEE y que disponga la entidad pública receptora de sus bienes, no como se ha producido, transfiriendo contratos firmados por la CDEEE a las distribuidoras de electricidad, el asalto al inmueble que alojaba las oficinas centrales de la CDEEE, el traspaso de las acciones de la CDEEE en las empresas EDENORTE, EDEESTE y EDESUR al Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, FONPER.
La violación a la normativa penal dominicana por parte de los miembros de la comisión liquidadora de la CDEEE, se evidencia en la ejecución de miles de millones de pesos del presupuesto de la empresa, consignado en la ley de presupuesto y gasto público, en los meses septiembre/diciembre del pasado año 2020 y el correspondiente a los meses enero/agosto del 2021, sin rendir cuentas en detalles, como establecen las normas de contabilidad gubernamental y administrativas, detalles que deben ser colgada en la sección Transparencia de los portales webs de las instituciones públicas, apareciendo en el portal de la CDEEE, solo aparece, la ejecución del mes de enero del 2021.