“En la Operación Anti Pulpo nosotros seguimos desarrollando las nuevas líneas de investigación, líneas de investigación que en su momento se presentarán blindadas como acostumbramos a hacerlo”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a los periodistas que lo abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de concluida la audiencia del Caso Odebrecht.
“Se hicieron en el día de ayer 24 allanamientos en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo y Monseñor Nouel. En esos allanamientos, afortunadamente, encontramos documentos, computadoras, en algunos casos, dinero en efectivo, vehículos, que es información que va a ser útil para el Ministerio Público seguir avanzando en esta investigación de cara al acto conclusivo”, destacó.
Ante preguntas de la prensa sobre las pesquisas, dijo que hablar de esos temas en detalle puede afectar la investigación, pero “sí puedo decir que vinculan a algunos de los involucrados hasta ahora y hacen referencia a personas que podrían ser involucradas en el futuro”.
Añadió “en lo que respecta a la investigación que hace el Ministerio Público en la operación Anti Pulpo lo que hemos recabado es información, evidencias que nos permiten seguir avanzando en esta investigación”.
Los operativos fueron realizados por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
La Operación Anti Pulpo, que mantiene abiertas nuevas líneas de investigación, develó a finales de 2020 un entramado societario que se valió del tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado, a través de las cuales sustrajo miles de millones de pesos del erario, en montos que siguen en aumento en la medida que se incorporan nuevas evidencias.
El expediente del caso detalla que el grupo de imputados operaba en torno a un conjunto de empresas de carpeta creadas por Alexis Medina Sánchez, quien se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para establecer un amplio entramado de corrupción. Esas compañías no registraban ni el capital ni el personal necesarios para ofrecer los servicios para los que fueron contratadas de forma privilegiada.
Por este caso desde diciembre pasado cumplen prisión preventiva Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, ex director general y exdirector de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), respectivamente; Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero de las empresas creadas por Medina Sánchez; así como Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, testaferros de Medina Sánchez.
Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, cumple arresto domiciliario, mientras Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y ex vicepresidenta administrativa del Fonper, permanece en un espacio controlado con un localizador electrónico.
El ex contralor general Rafael Antonio Germosén permanece en arresto domiciliario, mientras que Domingo Antonio Santiago, otro de los acusados de ser prestanombres del cabecilla de la red, debe cumplir con una presentación periódica ante los órganos persecutores del Ministerio Público.
Los operativos fueron realizados por fiscales de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, y la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, que encabeza la procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso.
La Operación Anti Pulpo, que mantiene abiertas nuevas líneas de investigación, develó a finales de 2020 un entramado societario que se valió del tráfico de influencia para establecer relaciones contractuales con instituciones del Estado, a través de las cuales sustrajo miles de millones de pesos del erario, en montos que siguen en aumento en la medida que se incorporan nuevas evidencias.
El expediente del caso detalla que el grupo de imputados operaba en torno a un conjunto de empresas de carpeta creadas por Alexis Medina Sánchez, quien se aprovechó de su condición de hermano del entonces presidente de la República, Danilo Medina Sánchez, para establecer un amplio entramado de corrupción. Esas compañías no registraban ni el capital ni el personal necesarios para ofrecer los servicios para los que fueron contratadas de forma privilegiada.
Por este caso desde diciembre pasado cumplen prisión preventiva Alexis Medina Sánchez, Fernando Rosa, exdirector del Fondo Patrimonial de la Empresa Reformada (Fonper); Francisco Pagán Rodríguez y Aquiles Alejandro Christopher, ex director general y exdirector de Fiscalización de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe), respectivamente; Wacal Vernavel Méndez Pineda, tesorero de las empresas creadas por Medina Sánchez; así como Julián Esteban Suriel Suazo y José Dolores Santana Carmona, testaferros de Medina Sánchez.
Lorenzo Wilfredo (Freddy) Hidalgo Núñez, exministro de Salud Pública, cumple arresto domiciliario, mientras Carmen Magalys Medina Sánchez, hermana de Alexis Medina Sánchez y ex vicepresidenta administrativa del Fonper, permanece en un espacio controlado con un localizador electrónico.
El ex contralor general Rafael Antonio Germosén permanece en arresto domiciliario, mientras que Domingo Antonio Santiago, otro de los acusados de ser prestanombres del cabecilla de la red, debe cumplir con una presentación periódica ante los órganos persecutores del Ministerio Público.