Luego de varios aplazamientos, el Ministerio Público reinició este viernes la lectura de la acusación ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, presidido por el juez Juan Francisco Consoró.
“El proceso va en la etapa de lo que es la fase preliminar, en la que se ha reiniciado el conocimiento de la lectura de la acusación y, el motivo de que se haya reiniciado la acusación, es que, en la audiencia anterior, aunque ya se había empezado a leer, se suspendió por más de 15 días”, explicó el fiscal a periodistas que lo abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego de que la audiencia fuera suspendida hasta el próximo viernes 17 de septiembre, a las 9:00 de la mañana.
En ese sentido, Marmolejos detalló que la normativa procesal penal establece que, si transcurren más de 15 días, a partir de cuándo se inicia la lectura de la acusación o el conocimiento del proceso, debe reiniciarse de nuevo, salvo que las partes acuerden lo contrario.
Indicó que “en este caso los imputados se opusieron a continuar la lectura donde nos habíamos quedado, entonces, dándole cumplimiento a la normativa procesal penal, reiniciamos la lectura de la acusación”.
Precisó que con el nuevo calendario que estableció el tribunal, en unos quince días completarán lo que es la presentación de la acusación.
Respecto a los cargos, el representante del Ministerio Público dijo que son estafa y desfalco en perjuicio del Estado dominicano, cometido por Leoncio Almánzar, exdirector de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (Corde), y los funcionarios de esa institución. “Algo que, inmediatamente hemos empezado a leer la acusación, se ha ido explicando, se ha ido evidenciando, que la operación ilícita de la venta del sector Los Tres Brazos constituyó un desfalco y una estafa en perjuicio del Estado”, enfatizó.
El equipo litigante del Ministerio Público está dirigido por el titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho.
En el expediente por la venta ilegal de terrenos en el sector Los Tres Brazos, de Santo Domingo Este, además del exdirector de Corde, figuran Manuel Aybar Ferrando, exgerente inmobiliario de esa entidad; Irving José Cruz Crespo, exconsultor jurídico, y Rosabel Castillo Rolffot, exregistradora de títulos del Distrito Nacional.
De igual manera, son procesados Juana Inés Gómez Williams, representante de la sociedad Proyecciones Gowi S.R.L.; Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, presidente de Inversiones Fernández Parache y Asociados (Infepa), S.R.L., y los empleados de esa empresa Carlos Aris Gómez Williams y Julio César Gómez Williams.
También, José Enrique de Pool Dominici, principal accionista y representante de la entidad inmobiliaria Titulatec; los agrimensores Ana Antonia Ozuna Nolasco y Hadonis Ruiz Mella, así como Lisetel González, quien prestó su nombre en condición de conviviente del imputado Manuel Aybar, para recibir dos apartamentos destinados a beneficiar al exgerente inmobiliario de Corde.
El Ministerio Público también acusa a las sociedades comerciales Proyecciones Inmobiliarias Gowi S.R.L. (Proyinsa), Soluciones Electrónicas Sidenet S.R.L., Infepa, Titulatec S.R.L y Teknowlogic Dominicana S.R.L.
La acusación establece que los citados funcionarios se coludieron entre sí para violar el ordenamiento jurídico constitucional y legal a fin de desfalcar al Estado dominicano, vendiendo a precios pírricos todo un sector habitado, de más de un millón de metros cuadrados, a un grupo de empresarios agrupados en la compañía Infepa.
El caso ha recibido la calificación jurídica de violación a varios artículos del Código Penal Dominicano y la Ley No. 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión.