“El Ministerio Público ha depositado ante el tribunal presupuestos que son la consecuencia de la propia evolución de la investigación, que serán más que suficientes para que este tribunal mantenga todas y cada una de las medidas que se han impuesto hasta ahora”, dijo el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) a periodistas que le abordaron en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
La jueza Solange Raquel Vásquez, del Cuarto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, aplazó para el próximo 29 de octubre, a las 9:00 de la mañana, el conocimiento de la revisión de la medida de coerción al exprocurador Rodríguez y a los demás implicados del Caso Medusa.
Camacho explicó que la audiencia de este miércoles se aplazó a solicitud de la defensa, la cual pidió al tribunal que sean comunicado los presupuestos nuevos aportados por el Ministerio Público para el conocimiento de esta revisión obligatoria de medida de coerción.
Desde julio pasado el exprocurador Rodríguez y los coimputados Alfredo Alexander Solano Augusto, Javier Alejandro Forteza Ibarra y Jonnathan Joel Rodríguez Imbert cumplen 18 meses de prisión preventiva en el Centro de Corrección de Najayo Hombres, en San Cristóbal, por disposición de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional.
Recientemente el Ministerio Público logró que las juezas Doris Josefina Pujols, Carmen Mancebo y Daysi Montás, de la Primera Sala Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, acogieran su petición y le ratificaran la prisión preventiva impuesta al exprocurador Rodríguez y a Forteza Ibarra, exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación de la Procuraduría.
En el caso figuran como coimputados Rafael Antonio Mercede Marte, Jenny Marte Peña y Altagracia Guillén Calzado, quienes cumplen arresto domiciliario, y Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de RD$1 millón en modalidad de contrato, a través de una compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.
Tras ser cuestionado sobre la solicitud de extradición de Rafael Stefano Canó Sacco, el exjefe de Gabinete del procurador Rodríguez arrestado en España la pasada semana, el titular de la Pepca dijo que ya realizaron el trámite para que el imputado sea retornado a República Dominicana.
“Como ustedes conocen, esa persona está arrestada en España, ya se hizo el trámite de la solicitud, y va a depender en consecuencia de la coordinación que se realice entre las autoridades dominicanas y las autoridades españolas”, dijo Camacho, en respuesta a los comunicadores.
Agregó que “nosotros esperamos que esa persona esté en República Dominicana en el menor tiempo posible”.
El procurador adjunto explicó que las herramientas que sirven de soporte al Ministerio Público para su extradición son las convenciones internacionales. “Nosotros estamos convencidos y vamos a lograr que esa persona venga a República Dominicana a responder por sus hechos”, manifestó.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público, los imputados integraron una red criminal de corrupción que operó desde la Procuraduría General de la República y que, según estimaciones preliminares, estafó al Estado dominicano con más de 6 mil millones de pesos.
El órgano acusador les imputa la violación a los artículos 123, 124, 166, 167, 265, 266 y 405 del Código Penal, que describen y sancionan la coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado.
También, enfrentan cargos de infracción al artículo 3, párrafo, de la Ley 712, que tipifica el desfalco y que modifica los artículos 171 y 172 del Código Penal, así como a los artículos 5, 6 y 10 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, por haber incurrido en actos de acceso ilícito, daño o alteración de datos y sabotaje.
El Ministerio Público acusa al grupo, además, de violación a los artículos 1 y 2 de la Ley 488-06, sobre Soborno.
El exprocurador Rodríguez y sus colaboradores y relacionados están imputados, asimismo, de infringir varios artículos de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.