Al participar en un panel para conocer las principales necesidades, prioridades y desafíos de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS, por sus siglas en inglés), altos ejecutivos de la entidad financiera con sede en Luxemburgo, junto a responsables de varias organizaciones europeas vinculadas al cambio climático, insistieron en la necesidad de que se atiendan las vulnerabilidades y necesidades de adaptación de los 39 países que responden a esta condición.
El encuentro, moderado por el jefe de medioambiente, cambio climático y política social del Banco Europeo de Inversiones, Stephen O’Driscoll, contó con la participación de la directora internacional de integración y coordinación política de la Dirección General de Acción por el Clima de la Comisión Europea, Elina Bardram; el vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones, Ricardo Mourinho-Félix; el presidente del Banco de Desarrollo del Caribe (CDB), Gene León; y el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional para el Cambio Climático de República Dominicana, Max Puig.
Durante el panel se analizaron las deficiencias de los Estados Insulares en Desarrollo en materia de infraestructura y de capacidades técnicas para enfrentar su vulnerabilidad ante los efectos del cambio climático, lo que pone de manifiesto las necesidades de inversión relacionadas a la resiliencia climática.
En lo atinente a la generación de capacidades, el representante dominicano puntualizó que “dados los altos estándares que imponen las agencias internacionales de financiamiento para la aprobación de los proyectos de adaptación, se hace imprescindible generar las capacidades para acceder al financiamiento climático”, dijo Max Puig.
Precisó el académico y alto funcionario, que República Dominicana ya estableció sus necesidades y prioridades en la materia en su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, por sus siglas en inglés) actualizada en el año 2020, y que las medidas de adaptación inicialmente consideradas representan una inversión de cerca de nueve mil millones de dólares, equivalentes al 48% de la inversión total estimada para cumplir las metas al año 2030.