"El acta de adjudicación y las firmas de los contratos además de ilegales son inmorales y carentes de ética por ser el resultado de operaciones corruptas; y tienen que ser anuladas. Las autoridades investigaron y confirmaron esas irregularidades y violaciones cometidas y respondieron con la destitución del pasado director y la cancelación de funcionarios y empleados, pero no se vislumbra la intención de hacer las correcciones y los ajustes correspondientes en tiempo hábil para corregir el daño al Programa de Jornada Extendida", precisa el documento, leído por Elizabeth Beriguete.
En rueda de prensa, denunciaron que en la licitación del almuerzo escolar se alteraron la apertura de las ofertas técnicas para incluir 326 empresas que no licitaron y con ellas adjudicar más de 1000 cocinas en manos de terceros, con los cuales se excluyeron 1,103 mipymes participantes, entre oferentes a nivel del envío virtual de sus ofertas, descalificados con peritajes alterados y habilitados sin adjudicaciones.
"Sin contar los oferentes adjudicados con centros arrebatados, los adjudicados con raciones insuficientes y los adjudicados a distancias no permitidas en los pliegos, ni recomendadas por razones sanitarias", destacan los denunciantes.
Advirtieron que llevarían el caso al Tribunal Superior Administrativo, con demandas por daños y perjuicios, además de llevar las denuncias a organismos internacionales hasta lograr nuevas adjudicaciones en beneficio de los oferentes mipymes, cuyas propuestas cumplan con los requisitos exigidos y sean propietarios de una sola cocina en todo el territorio nacional.
Afirman que en la licitación en curso beneficiaron a empresarios que no entraron en el Portal Transaccional de la DGCC, única vía para hacerlo, violaron el criterio de evaluación de las ofertas técnicas, el de adjudicación y el tiempo máximo de 30 minutos, detalla El Caribe.