La cancelación de la autorización es la primera medida tomada ante la situación reportada, de conformidad con el artículo 8 de la Ley 64-00, el cual indica que prevalecerá el criterio de prevención.
Luego de que nuestros técnicos concluyan el informe final del caso, se establecerán las sanciones pertinentes que pudieran ser multas o sometimiento judicial.
La autorización VSA-062021-1009 de fecha 15 de junio del 2021, que fue violada por Moya & Mustafá Grupo Minero, tenía como objetivo mejorar el cauce del Yuna en un tramo de aproximadamente 500 metros, para evitar inundaciones y deslizamientos de tierra que afectan a las poblaciones aledañas y propiedades de particulares.
La misma permitía a la empresa el aprovechamiento de 15,000 m3 de material en el área del Río Yuna ubicada en la sección Los Corozos del municipio Cotuí, provincia Sánchez Ramírez.
Sin embargo, las informaciones obtenidas con la inspección levantada por los técnicos del Ministerio de Medio Ambiente que dieron seguimiento en el terreno a las actividades de la compañía, reflejan de manera consistente las violaciones cometidas por Moya & Mustafá Grupo Minero a la Ley 64-00 de Medio Ambiente y Recursos Naturales, así como a otras normas y reglamentos medioambientales.
La cancelación fue ordenada por el ministro Orlando Jorge Mera tras recibir la información técnica de lugar.
Mediante la autorización VSA-062021-1009, el señalado grupo minero tenía la responsabilidad de mantener como límite la actividad el área anteriormente descrita y evitar que la incursión en el terreno afectara los cursos de agua periféricos y aprovechamiento del recurso agua en términos generales.
Asimismo, no afectar propiedades circundantes durante sus operaciones, colocar un sistema de señalización vial, aplicar las medidas de control para el manejo adecuado del tránsito vehicular y notificar el inicio de las operaciones, en virtud de que el área debería tener la garantía de un manejo adecuado.
El Ministerio de Medio Ambiente y recursos Naturales agradece la labor constante de denuncia de la población a través de diversos medios y reitera que mantiene una vigilancia estricta para impedir cualquier tipo de actividad que represente una amenaza para los recursos naturales en todo el territorio nacional.