A juicio de la institución la figura es más perjudicial para el Estado que las «fracasadas capitalizaciones de las instituciones públicas».
El presidente de la institución, Trajano Vidal Potentini, asegura que la figura del Fideicomiso Público no existe en el ordenamiento legislativo, que el contrato aprobado por la Cámara de Diputados no permite que se audite la administración de la planta y otorga poder al Comité Técnico que dirigirá Celso Marranzini para vender acciones a particulares.
Por su lado, el presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, Alexis Jiménez, se comprometió a estudiar las opiniones de la Fundación Justicia Y Transparencia, pero adelantó que el Fideicomiso es una figura que impregna transparencia a la administración de los bienes públicos.
Informa Proceso que la Fundación apela a que el Senado de la República rechace el contrato, mediante el cual el Gobierno pretende ceder al administración de la planta a carbón que costó cerca de 3 mil millones de dólares al Estado dominicano, por entender que no beneficia al Estado, sino a particulares.