Tras significar que esa recomendación también ha sido realizada por congresistas, juristas y expertos en el tema eléctrico, explicó que la generadora es un bien del pueblo dominicano que no se puede enajenar.
“Todos hemos llamado a que el contrato sea retirado, independientemente de la marcada intención de beneficiar a ciertos sectores económicos, porque entendemos que Punta Catalina es un bien del pueblo dominicano que ha venido a traer una solución en materia de generación de electricidad y reducción de los costos marginales de generación de energía”, declaró al participar en el programa radial No se Diga Más de la estación Rumba.
Corporán admite que se erró al aprobar en la Cámara de Diputados un contrato de fideicomiso partiendo sólo del informe favorable que presentó al Pleno la Comisión de Hacienda.
Lamentó que el contrato, que implica aspectos técnicos relativos a la generación eléctrica, no fuera enviado a la Comisión de Energía y Minas, que preside.
El Diputado por la provincia Independencia explicó que la composición del Comité Técnico, órgano representante del Estado como fideicomitente, no incluye la obligación de que ninguno de sus miembros sea funcionario público, lo que inclina a pensar en la intención de privatizar la generadora.
Gaddis Corporán, tal y como se señala en un documento dado a conocer por el Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana el pasado miércoles, cita dentro de las intenciones para privatizar las plantas, la autorización estipulada en el contrato de la participación de fideicomitentes adherentes provenientes del sector privado, la contratación de empresas para designar el personal y la designación libremente del auditor externo.
“La composición del Comité Técnico está formada por personas que no pertenecen a entidades públicas, lo que deja en claro el interés privatizador del propuesto contrato de fideicomiso” adujo.
Sobre el punto relativo al Comité Técnico para operar Punta Catalina el documento del Comité Político del PLD concluye apuntando que dicho Comité “no sólo tiene amplísimas facultades para gestionar CTPC, sino que además crea los reglamentos que lo rigen, decide cómo se harán las compras y contrataciones, decide quienes serán los fideicomitentes adherentes, supervisa la labor de la Unidad de Gerencia designada y regulada por él mismo y, finalmente, designa su propio auditor externo. Todo esto sin tener que rendir cuentas a nadie ni acogerse a la legislación de libre acceso a la información”.