La decisión fue adoptada mediante la resolución número MIP-CLAF-0001-2022, que además establece la inhabilitación e incautación de la pistola que portaba durante el incidente, de la marca Bersa, calibre 9mm, serie 555241.
El funcionario explicó que la medida está amparada en la Constitución y leyes como el Código Penal, en cuya violación incurrió Villalona, al cometer faltas que esta norma sanciona, lo mismo que la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
Indicó que su sometimiento a la justicia lo hace inelegible para optar por cualquier autorización de este tipo, lo mismo que a las personas condenadas por infracciones que conlleven pena de más de un año de prisión o aquellas sobre las que pese una orden de arresto pendiente de ejecución o hayan sido declaradas rebeldes de la justicia.
Recordó que ese ministerio puede disponer la revocación del permiso, en caso de no respetarse los términos del otorgamiento, o por resultar su revocación necesaria por razones de algún interés público preponderante, razón por la que procedió a cancelar el de Villalona.
Vásquez Martínez manifestó que la decisión está avalada por la facultad que tiene el MIP de desarrollar las políticas públicas relacionadas con la seguridad ciudadana, en estricto respeto a los derechos humanos, el diálogo, la concertación y la participación e inclusión.
Sostuvo que para lograr este objetivo le fue conferida al organismo la responsabilidad de administrar el sistema nacional de armas de fuego, municiones y artículos relacionados, en manos de la población civil, para evitar el uso indebido, desvío y tráfico.