QUE POLITICA, SANTO DOMINGO.- El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó este miércoles al presidente de la República retirar del Congreso Nacional el contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, por considerarlo lesivo al interés nacional.
En este sentido, el PLD exige que el gobierno primero explique claramente a la sociedad dominicana las razones para transferir Punta Catalina a un fideicomiso y cómo eso mejora la gestión y eficiencia de dicha planta generadora, toda vez que la gestión del PRM ha reconocido y hecho suyas las informaciones técnicas y administrativas que habían recibido del gobierno anterior sobre la operación de la generadora eléctrica
“Punta Catalina es uno de los activos más importantes del sector eléctrico, pues genera un tercio de la energía que se consume en el país, por lo que toda decisión respecto a su naturaleza y administración debe ser fruto del diálogo y el consenso social, no un conocimiento a vapor en el Congreso”, expresó Charlie Mariotti en su condición de Secretario General del PLD.
Asimismo, Mariotti resaltó que resulta altamente preocupante que se cree un fideicomiso cuyo comité técnico que lo gestiona sea mayormente empresarios privados del sector eléctrico, y cuyo nombramiento sea realizado por ley por un período de 30 años. En su lugar, recomendó Mariotti que las personas del Comité Técnico sean consensuadas en las mesas del Pacto Eléctrico recién firmado, pues Punta Catalina es un activo que pertenece a todo el pueblo dominicano.
El dirigente político agregó además que “permitir la incorporación de fideicomitentes adherentes se convierte en una especie de carta blanca para su futura privatización, afectando así la capacidad de Punta Catalina de servir exclusivamente al interés del pueblo dominicano y disciplinar un mercado que por años ha sido afectado por intereses particulares.
Además de lo anterior, el Partido de la Liberación Dominicana resaltó que previo a la transferencia de activos tan importantes como Punta Catalina, se elabore una ley que regule los fideicomisos públicos.
El Fideicomiso crea la figura pero no la desarrolla ni la regula, por lo que no se tiene un marco regulatorio que permita velar por los intereses del pueblo dominicano en este tipo de figuras jurídicas.
El PLD reconoce las bondades de la figura jurídica del fideicomiso y entiende el potencial que tiene para aportar al desarrollo nacional, pero su uso indiscriminado para gestionar activos y ejecutar proyectos gubernamentales podría desvirtuar el ejercicio de políticas públicas en el gobierno.
“En la actual administración se han creado más de una docena de fideicomisos, hasta para ejecutar la transformación de la policía nacional, y uno se pregunta si el PRM busca crear un gobierno paralelo y poner lo que le pertenece al pueblo dominicano en manos del sector privado”, expresó Mariotti.
Por las razones mencionadas y todas las demás que diversos expertos han esgrimido en los últimos días, el Partido de la Liberación Dominicana exige al presidente de la República que retire el contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y busque previamente mayores niveles de consenso con los distintos sectores de la sociedad.
En este sentido, el PLD exige que el gobierno primero explique claramente a la sociedad dominicana las razones para transferir Punta Catalina a un fideicomiso y cómo eso mejora la gestión y eficiencia de dicha planta generadora, toda vez que la gestión del PRM ha reconocido y hecho suyas las informaciones técnicas y administrativas que habían recibido del gobierno anterior sobre la operación de la generadora eléctrica
“Punta Catalina es uno de los activos más importantes del sector eléctrico, pues genera un tercio de la energía que se consume en el país, por lo que toda decisión respecto a su naturaleza y administración debe ser fruto del diálogo y el consenso social, no un conocimiento a vapor en el Congreso”, expresó Charlie Mariotti en su condición de Secretario General del PLD.
Asimismo, Mariotti resaltó que resulta altamente preocupante que se cree un fideicomiso cuyo comité técnico que lo gestiona sea mayormente empresarios privados del sector eléctrico, y cuyo nombramiento sea realizado por ley por un período de 30 años. En su lugar, recomendó Mariotti que las personas del Comité Técnico sean consensuadas en las mesas del Pacto Eléctrico recién firmado, pues Punta Catalina es un activo que pertenece a todo el pueblo dominicano.
El dirigente político agregó además que “permitir la incorporación de fideicomitentes adherentes se convierte en una especie de carta blanca para su futura privatización, afectando así la capacidad de Punta Catalina de servir exclusivamente al interés del pueblo dominicano y disciplinar un mercado que por años ha sido afectado por intereses particulares.
Además de lo anterior, el Partido de la Liberación Dominicana resaltó que previo a la transferencia de activos tan importantes como Punta Catalina, se elabore una ley que regule los fideicomisos públicos.
El Fideicomiso crea la figura pero no la desarrolla ni la regula, por lo que no se tiene un marco regulatorio que permita velar por los intereses del pueblo dominicano en este tipo de figuras jurídicas.
El PLD reconoce las bondades de la figura jurídica del fideicomiso y entiende el potencial que tiene para aportar al desarrollo nacional, pero su uso indiscriminado para gestionar activos y ejecutar proyectos gubernamentales podría desvirtuar el ejercicio de políticas públicas en el gobierno.
“En la actual administración se han creado más de una docena de fideicomisos, hasta para ejecutar la transformación de la policía nacional, y uno se pregunta si el PRM busca crear un gobierno paralelo y poner lo que le pertenece al pueblo dominicano en manos del sector privado”, expresó Mariotti.
Por las razones mencionadas y todas las demás que diversos expertos han esgrimido en los últimos días, el Partido de la Liberación Dominicana exige al presidente de la República que retire el contrato de fideicomiso de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y busque previamente mayores niveles de consenso con los distintos sectores de la sociedad.