QUE POLITICA, SANTO DOMINGO.- El Pleno del Senado de la República aprobó este miércoles en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de Ley que regula la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La iniciativa propuesta por el Poder Ejecutivo, contempla la investigación de cualquier acto cometido por personas, grupos o asociaciones, que atente contra la Constitución y las instituciones del Estado, subvierta el Estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional e interior, o trate de establecer una forma de gobierno contraria al ordenamiento constitucional.
La nueva normativa establece que la DNI deberá recopilar y procesar información relevante para la seguridad nacional y la protección de los intereses fundamentales de la nación; evaluar amenazas, internas y externas, al orden constitucional; y contrarrestar en el ámbito nacional o internacional actividades de personas, organizaciones o gobiernos extranjeros que puedan representar un riesgo, una amenaza, una agresión o subversión para la seguridad nacional, la paz social, la soberanía o la integridad territorial.
Como parte de sus facultades, la DNI contribuirá a la desarticulación de organizaciones criminales, además de la protección de las instituciones del Estado y a los recursos e instalaciones estratégicas públicas y privadas de actos de penetración, infiltración, espionaje, sabotaje u otras actividades de inteligencia desarrollada por personas, grupos, asociaciones, gobiernos extranjeros u organizaciones criminales armadas.
Durante la última sesión de la Segunda Legislatura Ordinaria del 2021, los senadores también aprobaron en segunda lectura y con modificaciones el proyecto de Ley sobre gestión de la ciberseguridad en República Dominicana.
Este proyecto, propuesto por la senadora Faride Raful (Distrito Nacional), regula la prevención, gestión y respuestas a las amenazas e incidentes de ciberseguridad y otros aspectos relativos a la seguridad cibernética de las infraestructuras críticas en el país.
En su considerando sexto, la iniciativa establece que las tecnologías de información y comunicación desempeñan un papel imprescindible para el país, y que cualquier vulnerabilidad en las redes y sistemas de información que soportan los servicios que se ofrecen a través de las mismas representa un grave riesgo para que se materialicen amenazas o incidentes de ciberseguridad.