QUE POLITICA, SANTO DOMINGO.- El senador del Partido de la Liberación Dominicana PLD, por la provincia Barahona, José del Castillo Saviñón, consideró que no hay necesidad ni condiciones para una reforma constitucional como está proponiendo el presidente de la República.
Entrevistado en el programa Matinal 5 este lunes, y aclarando que la opinión es a título personal, Castillo Saviñón argumentó que la Constitución de la República es una Constitución noble.
“Se habla de una Reforma Constitucional con el argumento de mejorar la independencia del Ministerio Público, digo argumento porque no está contemplado en la modificación de la reforma”, explicó el también miembro del Comité Político del PLD.
Del Castillo manifestó que el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público, usado como pretexto para modificar la Constitución, puede hacerse perfectamente mediante una legislación.
Refirió que la Constitución de la República tiene cerca de 40 leyes pendientes para ponerla en condiciones de ser ejecutada a plenitud.
“Por ejemplo, el tema de la participación popular, los mecanismos de participación popular como referéndum de consulta popular, iniciativas legislativas, eso ordena la Constitución, una legislación que lo regule, son temas importantes de la potestad de fiscalización del Congreso Nacional”, expresó el legislador.
Precisó que el artículo 115 de la Constitución establece que haya una legislación a 12 años de la constitución aprobada en el 2010, destacando que es la reforma más integral que se ha hecho en los últimos tiempos a la Carta Magna.
“Todavía no tenemos una legislación que regule esa función tan fundamental para darle seguimiento a las políticas públicas de fiscalizar la inversión pública por parte del Congreso Nacional”, comentó.
Apuntó que igualmente se puede hacer una legislación para la Ley de Ordenamiento Territorial, tal y como lo ordena la Constitución.
Considera que otro elemento que crea suspicacia y preocupación en la propuesta de modificación del gobierno es la inmovilidad del Ministerio Público por un período de seis años a partir del 16 de agosto de este año. Es decir, que las presentes autoridades permanecerían en el cargo hasta el 2028”.
Entrevistado en el programa Matinal 5 este lunes, y aclarando que la opinión es a título personal, Castillo Saviñón argumentó que la Constitución de la República es una Constitución noble.
“Se habla de una Reforma Constitucional con el argumento de mejorar la independencia del Ministerio Público, digo argumento porque no está contemplado en la modificación de la reforma”, explicó el también miembro del Comité Político del PLD.
Del Castillo manifestó que el fortalecimiento de la independencia del Ministerio Público, usado como pretexto para modificar la Constitución, puede hacerse perfectamente mediante una legislación.
Refirió que la Constitución de la República tiene cerca de 40 leyes pendientes para ponerla en condiciones de ser ejecutada a plenitud.
“Por ejemplo, el tema de la participación popular, los mecanismos de participación popular como referéndum de consulta popular, iniciativas legislativas, eso ordena la Constitución, una legislación que lo regule, son temas importantes de la potestad de fiscalización del Congreso Nacional”, expresó el legislador.
Precisó que el artículo 115 de la Constitución establece que haya una legislación a 12 años de la constitución aprobada en el 2010, destacando que es la reforma más integral que se ha hecho en los últimos tiempos a la Carta Magna.
“Todavía no tenemos una legislación que regule esa función tan fundamental para darle seguimiento a las políticas públicas de fiscalizar la inversión pública por parte del Congreso Nacional”, comentó.
Apuntó que igualmente se puede hacer una legislación para la Ley de Ordenamiento Territorial, tal y como lo ordena la Constitución.
Considera que otro elemento que crea suspicacia y preocupación en la propuesta de modificación del gobierno es la inmovilidad del Ministerio Público por un período de seis años a partir del 16 de agosto de este año. Es decir, que las presentes autoridades permanecerían en el cargo hasta el 2028”.