La coordinadora de la entidad, Leydi Blanco, resaltó que es una debilidad institucional que no haya registro sobre las compras que se hacen a través de ese organismo internacional.
“No hay nada, si tú haces una búsqueda no puedes tener informaciones sobre compras y contrataciones que se hacen con el PNUD, no hay registro”, resaltó Blanco.
Asimismo, entiende que desde el Congreso debe existir fiscalización de los contratos firmados con el PNUD.
“Hacemos también un llamado al Congreso, porque tampoco el congreso fiscaliza ni los préstamos, ni las ejecuciones, ni los servicios ni los contratos que se ofrecen con los trabajos del PNUD y esa es una responsabilidad que recae sobre el congreso de la republica”.
Otra preocupación del movimiento cívico es que la ley de compras y contrataciones el PNUD y organismos a fines están exentos de cumplirla, porque no hay nada que regule las compras y contrataciones a través de organismos internacionales.
Señala CDN que las consideraciones de la representante de Participación Ciudadana se produjeron en una entrevista en el Reporte Especial con Julissa Céspedes que ha denunciado irregularidades en contratos del Gobierno con el PNUD.
Denuncia contra acuerdo PNUD y Poder Judicial
A finales del 2017 el Consejo del Poder Judicial adquirió los terrenos en los que se aloja el antiguo Hotel Cervantes por un monto de 144 millones de pesos.
Esas instalaciones albergaría el Palacio de Justicia de Jurisdicciones Especializadas para el funcionamiento de 13 tribunales de tres jurisdicciones que operan el Distrito Nacional.
Carlos Velez, gerente de Constructora Vélez y Sánchez SRL (CONVESA), dijo que su empresa resultó adjudicataria de la referida construcción a través de una licitación que convocó el Consejo del Poder Judicial a través del PNUD.
Indicó que desde el principio comenzaron a tener inconvenientes con el proyecto porque los planos entregados por el Poder Judicial estaban incompletos.
“No había planos dimensionados, secciones, detalles estructurales, no había prácticamente nada. Nosotros hicimos una licitación basándonos en la estructura de presupuesto que ellos hicieron”, explico Vélez.
Entre los adicionales que se solicitaron desde el Poder Judicial estaba: Remozamientos estructurales, aumento de tamaño de huecos para ascensores.
Además, cambios de tuberías, colación de fibra acústica, ampliaciones, entre otros.
“El departamento de infraestructura nos asignó un personal. Incluso, ese personal fue haciendo los planos a medida que nosotros íbamos haciendo las demoliciones. Mismas que eran marcadas por ellos mismos”, puntualizó el representante de CONVESA.
El monto de la adjudicación de acuerdo con el contrato identificado como LRN-CPJ-03-2017 fue de 103 millones 434 mil 623 pesos.