Los abogados informaron a la prensa, mostrando los soportes que respaldan dicha información, que en el año 2020 el presupuesto máximo ejecutado fue de 970 millones de pesos para suplir a los más de 27,000 privados de libertad luego la Procuraduría conjuntamente con los Comedores Económicos incrementaron los montos hasta un total inexplicable de 1,430 millones de pesos, casi quinientos millones adicionales.
Los abogados Carlos Balcácer, Gustavo Biaggi y Francisco Franco entregaron copia a los medios del contrato firmado por la Procuraduría y los Comedores Económicos que evidencia el injustificable y cuestionable aumento informando además que las mismas empresas que falsamente son atribuidas a personas relacionadas al ex Procurador, ganaron parte de las licitaciones de los Comedores Económicos solo que recibiendo mucho mejor pago y ventas como es el caso de las sociedades Distribuidora Ropi y Rogama.
“En las licitaciones realizadas por la gestión 2016-2020 ganaron las mejores ofertas, es decir, los mejores precios, nunca hubo una sola impugnación administrativa ni judicial, ni nunca faltó un desayuno, almuerzo o cena de calidad en 4 años. Hoy esas mismas empresas y varias nuevas de sospechoso origen suplen a los mismos 27,000 privados de libertad con menor calidad de alimentos con un 50% de aumento en el precio y a quien investigan es al ex Procurador y no a la actual gestión y al Director de los Comedores Económicos”, expresó Gustavo Biaggi.
“El Ministerio Público está desesperado al no encontrar pruebas y en su lucha por mantener privado de libertad a Jean Alain Rodríguez tiene más de un año investigando los alimentos suplidos a las cárceles y mienten al tribunal informando que es un tema nuevo para justificar su prórroga. Hemos depositado pruebas de que desde marzo del 2021 esas compañías y personas estaban siendo investigados y a la fecha lo único que han encontrado es que supuestamente una persona propietaria de una participación accionaria simbólica de la acción de uno de esos suplidores que también suple hoy a esta gestión dice que no es su firma, siendo este un tema entre esos socios y que nada involucra al ex procurador o al Director de los Comedores Económicos”, expresó Balcácer.
Expresaron igualmente que no les sorprende que un día antes de la audiencia que decidirá si se le otorga una prórroga al Ministerio Público se presenten informaciones falsas en programas y medios de comunicación que forman parte de las informaciones y documentos bajo el control exclusivo y confidencial del Ministerio Público que de ser ciertas deben investigar con seriedad, pero nunca filtradas a los medios de comunicación, cosa que el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público prohíben y sancionan.
“Lo que si nos sorprende es que un Ministerio Público supuestamente independiente no informen a los medios de comunicación el hecho cierto de que la actual gestión ha realizado un gran incremento en la contratación de alimentos que no pueden justificar para los mismos 27,000 internos. Deben explicarle al país porqué las compañías que falsamente quieren vincular sin pruebas al ex Procurador no las vinculan al Director de Comedores Económicos que les paga casi el doble por los mismos alimentos y por igual que hace la compañía de venta de bienes raíces como Leptus Realty Business; de maquinaria como Power Machinery, SRL; de modas como Promoda, SRL; de confecciones como Sofía Isabel Confecciones; de productos farmacéuticos como The Securepharma Partnership; de servicios múltiples como Walcorp-9; de transporte de carga terrestre como Transportes Viramica; de venta de muebles como Grupo Diter, SRL; de equipos ferreteros como DTE Dominican Tools & Equipment; de cosméticos e higiene personal como Tejemar Cosmetics; y de arquitectura y diseño como ADC Arquitectura Asesoría Diseño Construcción, para mencionar algunos, como proveedores de alimentos a las cárceles. Eso si debe servir de base e impulsar una seria investigación periodística y penal” expresó Francisco Franco.
El próximo martes 29 de marzo se conocerá la solicitud de prórroga del Ministerio Público quienes al no tener un sólido expediente han solicitado 4 meses adicionales de investigación luego de expresar al país que tenían un “expediente blindado”. Si el tribunal otorga la prórroga conforme al Art. 228 del Código Procesal Penal debe poner en libertad al ex procurador salvo justificación del Ministerio Público que a la fecha no han logrado presentar.