La jueza Yiberty Polanco, de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de esta demarcación, aplazó el conocimiento de la medida para el próximo lunes 14 de marzo, a raíz de que los imputados y sus defensas requirieran que el órgano de la acusación les notificara, ahora por segunda ocasión, los medios probatorios que sustentan la solicitud de medidas de coerción.
El Ministerio Público enfatizó en que notificó debidamente esos medios de prueba a cada uno de los imputados y sus abogados, por medio de memorias USB, y que cada representante legal confirmó haberlos recibido.
“Los abogados han pedido que se suspenda la audiencia a los fines de que los abogados puedan tener con ellos los elementos probatorios; no obstante, hay que advertir que el Ministerio Público, en una pendrive o memoria USB, notificó a los imputados los medios de pruebas”, explicó Iván Félix, representante del órgano de la acusación.
Félix ponderó lo robustecida de la investigación y las pruebas que hay en poder de este órgano, en las cuales hay evidencias sobradas del proceder de la red del ciberdelito, que se apropió de las identidades de sus víctimas y en otros casos les extorsionó para despojarlas de recursos económicos.
Además de Félix, el Ministerio Público estuvo representado en los fiscales Sorelly Jáquez, Yarily Toribio, Isabel Santos, Claudio Cordero y Merlin Mateo.
La Fiscalía de Santiago pide 18 meses de prisión preventiva contra los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz (Darimán y/o Dari), José Eliezer Rodríguez Ortiz, Jhonatan Francisco Vásquez Ventura, Máximo Miguel Mena Peña (Max), Emmanuel Castro Ozuna (Billete), Josué de Jesús Marte, Mayobanex Braulio Rafael Rodríguez Fernández (Mayo), Ángel Rafael Peralta Guzmán (Alikate) y Anabel Adames.
También contra Genaro Antonio Hernández Caba (Moreno K5), Pablo Miguel Balbuena (Miguel Ortiz y/o La Válvula), David Antonio Guzmán Javier, Winston Rafael Batista Brito, Jean Carlos Rosa Vargas, William Hiche Cárdenas, Wilmer Abreu Durán y Juan de Dios Martínez Brito.
Son imputados además Salim Bautista Santana, Enrrique Sánchez, Cedrik Sánchez Rodríguez, Carlos Daladier Silverio Cabral, Ramón Tomás Camacho Tejada (Blood), José Efraín Mejía, Víctor Manuel Hernández, Rubén Ángel María Reynoso Rodríguez, Juan Carlos Belliard Uceta, Wilson Núñez Rodríguez, José Oscar Peguero Martínez y William Alberto Díaz Cruz.
Asimismo, Jonathan Yoelfri Peña Martínez, José Estévez Then y/o Joel Estévez Mena, Willys Mena, Augusto Fermín Jáquez y/o Augusto Fermín Rodríguez Jáquez, Félix Manuel Jorge Muñoz, Juan Carlos Silverio Gómez, Cristina Lhin Yeng, Bonifacio Daniel Estévez Irrizari y Linda Pérez.
Basado en el cúmulo de evidencias recogidas en el curso de la investigación, el órgano acusador les imputa a los encartados los tipos penales descritos y sancionados en los artículos 14 y 15 de la Ley 53-07, sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, que sancionan la obtención ilícita de fondos y la estafa a través de medios informáticos, telemáticos y de telecomunicaciones.
Además, se les imputan los artículos 2, numerales 1, 2, 3 y 4, así como el 4 en sus numerales 7, 8 y 9 de la Ley 155-17, sobre Lavado de Activos. La acusación sostiene que el grupo transgredió los artículos 59, 60, 258, 265 y 266 del Código Penal Dominicano, que tipifican la complicidad, asociación de malhechores y la usurpación de funciones, así como el 405 del citado código, que instruye sancionar la estafa.
Además de estos delitos, en adición, se les acusa a los imputados Sucre Rafael Rodríguez Ortiz y Máximo Miguel Mena Peña de violación al artículo 66, párrafo V, de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
En tanto que al imputado Emmanuel Castro Ozuna se le adicionan cargos por violación a los artículos 4, letra D; 6, letra A, y 75, párrafo 2, de la Ley 50-88, sobe Drogas y Sustancias Controladas. Se le indilga también la violación al artículo 66, párrafo V, y el 70 de la Ley 631-16, sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.
El expediente refiere que el imputado Víctor Manuel Hernández también enfrenta cargos por violación a los artículos 4, letras A y D, y el 75, párrafo 2, de la Ley 50-88, sobre Drogas y Sustancias Controladas.