La magistrada encontró méritos suficientes para que la acusación presentada por el Ministerio Público, en contra del congresista, tengan que discutirse a fondo en un juicio donde se determine si realmente es culpable de los cargos que se les imputan o se determine su inocencia.
En octubre del año pasado 2021, Gregorio Domínguez había solicitado a la Suprema que ordenara el archivo de la acusación del Ministerio Público y la querella que había interpuesto la señora Lucila Nelly Capellán Luna, por violación de propiedad. Sin embargo, ese pedido no prosperó.
La querella de Lucila Nelly Capellán había sido interpuesta el 11 de noviembre de 2020, en la que acusa al congresista de una presunta violación de los artículos 24 y 25 de la Ley 396-19, que regula el otorgamiento de la Fuerza Pública, y el número 1 de la Ley 5869, sobre Violación de Propiedad Privada.
Capellán Luna alega que el 27 de marzo de 2020, Domínguez dirigió la ejecución ilegal de un desalojo, la destrucción y demolición de una vivienda en construcción a nivel de plato, ubicada la comunidad Punta Rucia, de Estero Hondo, Puerto Plata, dice un comunicado de la Procuraduría.
Abuso de autoridad
Conforme a la instancia presentada por el Ministerio Público, la querellante alega que el legislador hizo el desalojo sin la debida orden de una fuerza pública y acompañado de una turba de hombres armados, incluyendo militares, y de otros que simularon ser fiscales y un juez de paz.
Señala Diario Libre que la querellante también acusa a la esposa del diputado, Judith Idalia Núñez Guzmán; a su empleado Catalino Martínez; a Julio César Acosta, propietario de una pala mecánica, así como al conductor de dicho aparato, Emmanuel Williams Molina.