Gustavo Sánchez indicó que de conformidad a la Constitución y la Ley 10-04, la Cámara de Cuentas se erige como órgano de control fiscal externo de los recursos públicos, de los procesos administrativos y del patrimonio del Estado.
En ese sentido, dijo que de acuerdo a la ley, este órgano debe hacer públicas las observaciones, conclusiones, opiniones y recomendaciones sobre la legalidad y confiabilidad de la información presentada por los actuales funcionarios, respecto a los estados financieros, presupuestario y de gestión administrativa de las entidades sujetas al control externo.
“Los actuales miembros del la Cámara de Cuentas cumplieron este 15 de abril un año en la entidad y esta gestión de gobierno tiene un año y siete meses, por lo que es tiempo de saber como ha sido el manejo de la cosa pública en todo este tiempo”, expresó el miembro del Comité Político del PLD.
Señala Hoy Digital que el ocho veces vocero de los diputados del PLD estableció que acorde al artículo 34 de la ley 10-04, las auditorías deben realizarse al incumbente actual y deben estar dentro del plan anual de control de las instituciones, con el objetivo que puedan corregirse algunas inobservancias a las reglas de carácter administrativas y éticas de la gestión en desarrollo.
El legislador afirmó que las auditorías denominadas “estudios e investigaciones especiales” se realizan en los casos en que se presuma la existencia de irregularidades tipificadas por las leyes penales y que puedan afectar el patrimonio público, a las cuales dijo no se opone, pero advirtió que las mismas no sean desnaturalizadas a los fines de fabricar expedientes penales.
Del mismo modo, solicitó a la Cámara de Cuentas informar al país si ha realizado la auditoria y el análisis de la ejecución del Presupuesto General del Estado, en base a las recaudaciones e inversión de las rentas, presentado por el Poder Ejecutivo ante el Congreso Nacional y revelar si tiene listo su informe, como manda el artículo 250, numeral 3 de la constitución.
Gustavo Sánchez, recordó que el plazo para cumplir con este mandato constitucional concluye el próximo 30 abril.