Los legisladores de la Cámara Baja consideraron que el proyecto puede coartar la libertad de expresión y que leyes similares se han debatido en esa ala del Poder Legislativo, y serán puestas como prioridad por encima del proyecto remitido por el Senado.
El diputado de la Fuerza del Pueblo, Aquilino Serrata, quien es miembro de la comisión de medios de comunicación, indicó que si el proyecto establece algún mecanismo para coartar la libertad de expresión esto sería “un retroceso” y que lo recomendable es fundirlo con una iniciativa similar en la Cámara de Diputados.
“Hay que fundirlo con uno que tenemos aquí en la Cámara de Diputados y tiene más de diez años y que ha sido consensuado con varias entidades y organismos. Por eso entendemos que ese proyecto debe venir aquí y fundirlo con el que hemos estado trabajando hace 10 años”, expresó.
Por otro lado Víctor Suárez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), señaló que hay un problema de comunicación entre ambas cámaras legislativas, y que estos proyectos se deben tratar entre todos los legisladores.
“La Cámara de Diputados ya ha escuchado a los sectores, a los actores y el senado de la república toma una decisión que tiene el rechazo de la gran mayoría de los actores, pero deja mal parado a la cámara de diputados por el trabajo que ha hecho. Nosotros le daremos el trato correspondiente, dándole prioridad a nuestro propio hijo, además que ha sido mejor consensuado”, expresó Suarez.
En el caso de Amado Díaz, diputado oficialista, dijo “entender la irritación” que ha traído el proyecto, pero alegó que desde la Cámara de Diputados tomará las decisión “que más convenga”.
La pieza legislativa, aprobada en dos lecturas por el Senado, tiene por objetivo regular los derechos a la intimidad, al honor, al buen nombre y a la propia imagen, establecidos como derechos fundamentales y que en esta iniciativa serán delimitados y protegidos frente a todo género de intromisiones ilegítimas.
No obstante, sectores ligados al periodismo y juristas advirtieron de posibles amenazas a la libertad de expresión, lo que fue negado por la proponente, la senadora Melania Salvador.