Qué Política, Santo Domingo.- El Ministerio Público pidió este martes a un tribunal la imposición de 10 años de prisión y el pago de una multa de US$7 millones en contra de los acusados de recibir sobornos de los US$3.5 millones distribuidos por la Empresa Brasileira de Aeronáutica (Embraer) para beneficiarse como suplidora de ocho aviones Super Tucano.
El juicio se ventila en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las empresas 4D Business Group y Magycor.
La fiscal Isis de la Cruz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que el Ministerio Público en el día de hoy presentó conclusiones formales de lo que es el proceso Super Tucano, solicitando condena a cada uno de los imputados.
Dijo que “en este caso el Ministerio Público pidió la pena de 10 años para Daniel Aquino Hernández, Ramón Piccini Núñez y Peña Antonio por la comisión de los delitos que les fueron imputados. Igualmente, ha solicitado el pago de una multa consistente en US$7 millones”.
También, dijo que contra cada una de las compañías se solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.
La representante del Ministerio Público explicó que en la próxima audiencia las defensas presentarán sus conclusiones y posteriormente la contrarréplica del Ministerio Público de ser necesario.
“En este caso el Ministerio Público demostró los hechos de la acusación y está confiado en el resultado que dará el tribunal”, expresó.
“Entendemos que la condena ya está ganada y que hemos presentado todas las pruebas en contra de los imputados y que demuestran la responsabilidad de ellos en estos hechos”, añadió.
De la Cruz ofreció los detalles del proceso al responder preguntas de periodistas de varios medios de comunicación en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, después que concluyó la audiencia.
El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por Isis de la Cruz, José Miguel Marmolejos, Ernis Mella, Rosa Pichardo y Rosa Alba García.
El órgano acusador inició en noviembre pasado la presentación de la acusación contra los imputados por sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en el caso que conocen en esta etapa las juezas Arlín Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera.
El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017. Ahora continúa en la etapa de juicio de fondo.
Por este caso de corrupción administrativa, la empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.
La Pepca acusa al grupo de imputados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.
Las indagatorias de este caso abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.
El tribunal dio tres horas al Ministerio Público para presentar sus conclusiones.
Tras finalizar la agenda del día el tribunal dispuso la continuación de la audiencia para el próximo 11 de mayo, a las 2:00 de la tarde. Además, programó el turno de las defensas para el 19 del mes en curso, a partir de las 9:00 de la mañana.
El juicio se ventila en el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional contra el mayor general retirado Pedro Rafael Peña Antonio, exministro de Defensa; el coronel Carlos Piccini Núñez, exdirector de proyectos especiales de la Fuerza Aérea Dominicana (FAD), y el empresario Daniel Aquino Hernández, así como de las empresas 4D Business Group y Magycor.
La fiscal Isis de la Cruz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), explicó que el Ministerio Público en el día de hoy presentó conclusiones formales de lo que es el proceso Super Tucano, solicitando condena a cada uno de los imputados.
Dijo que “en este caso el Ministerio Público pidió la pena de 10 años para Daniel Aquino Hernández, Ramón Piccini Núñez y Peña Antonio por la comisión de los delitos que les fueron imputados. Igualmente, ha solicitado el pago de una multa consistente en US$7 millones”.
También, dijo que contra cada una de las compañías se solicitó el pago de una multa de 100 salarios mínimos.
La representante del Ministerio Público explicó que en la próxima audiencia las defensas presentarán sus conclusiones y posteriormente la contrarréplica del Ministerio Público de ser necesario.
“En este caso el Ministerio Público demostró los hechos de la acusación y está confiado en el resultado que dará el tribunal”, expresó.
“Entendemos que la condena ya está ganada y que hemos presentado todas las pruebas en contra de los imputados y que demuestran la responsabilidad de ellos en estos hechos”, añadió.
De la Cruz ofreció los detalles del proceso al responder preguntas de periodistas de varios medios de comunicación en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, después que concluyó la audiencia.
El Ministerio Público estuvo representado en la audiencia por Isis de la Cruz, José Miguel Marmolejos, Ernis Mella, Rosa Pichardo y Rosa Alba García.
El órgano acusador inició en noviembre pasado la presentación de la acusación contra los imputados por sobornos, lavado de activos y enriquecimiento ilícito, en el caso que conocen en esta etapa las juezas Arlín Ventura Jiménez (presidenta), Leticia Martínez Noboa y Milagros Mercedes Ramírez Cabrera.
El proceso se inició en 2016 y posteriormente se presentó la acusación en 2017. Ahora continúa en la etapa de juicio de fondo.
Por este caso de corrupción administrativa, la empresa Embraer, que admitió la entrega de sobornos, fue condenada en 2018 al pago de 7 millones 40 mil dólares al Estado dominicano.
La Pepca acusa al grupo de imputados de violar varios artículos del Código Penal Dominicano, la Ley 448-06, sobre Soborno en el Comercio y la Inversión, y la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos.
Las indagatorias de este caso abarcaron el rastreo de transferencias de dinero en el país y en el exterior, análisis y verificación de patrimonios, examen a movimientos de cuentas bancarias, así como la localización e indagatoria sobre el origen de bienes.
El tribunal dio tres horas al Ministerio Público para presentar sus conclusiones.
Tras finalizar la agenda del día el tribunal dispuso la continuación de la audiencia para el próximo 11 de mayo, a las 2:00 de la tarde. Además, programó el turno de las defensas para el 19 del mes en curso, a partir de las 9:00 de la mañana.