Por tal motivo, D´ Aza se resiste a transferir los recursos que fueron girados por la Contraloría General de la República y son reclamados por el alcalde Encarnación.
Esta situación mantiene un ambiente de discordia entre los dirigentes municipales del gobernante Partido Revolucionario Moderno. El alcalde cuestionó el manejo que le da D´Aza a los recursos de la LMD y de anunciar entrega de dinero sin hacer la transferencia.
“Pese a que la Contraloría General de la República aprobó la entrega de 21 millones 121 mil 596 pesos con 44 centavos para la construcción del cementerio de esa demarcación, los recursos no han sido erogados porque la alcaldía que dirige Encarnación no ha presentado los documentos que demuestren la propiedad del terreno donde se construirá el campo santo”, afirma el secretario general del organismo asesor delos ayuntamientos en comunicación dirigida al presidente Luis Abinader.
D´ Aza afirmó que inmediatamente el edil de Los Alcarrizos presente esa documentación, esos recursos serán entregados.
El secretario general de la LMD también le explica al presidente Abinader que esa alcaldía ha recibido otros recursos para el programa de construcción de aceras y contenes.
Dijo que el alcalde de los Alcarrizos se rehúsa a ser supervisado en torno a los recursos que se les entrega por parte del organismo del Estado.
A través de un documento, la Liga Municipal exige al ayuntamiento de Los Alcarrizos que cumpla los requisitos de construcción de obras y la efectiva supervisión, debido a que ningún ayuntamiento puede autosupervisarse.
El funcionario dejó en claro en su carta al presidente que ningún ayuntamiento puede auto-supervisarse.
El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor de aza, respondió este viernes a los pronunciamientos del alcalde de Los Alcarrizos, Cristian Encarnación, quien asegura desde la entidad no le han estado facilitando los fondos al cabildo para las obras que demanda la comunidad.
D´ Aza aclaró mediante un comunicado que la entidad rectora de los ayuntamientos ha asignado los fondos a todos los gobiernos locales del país, atendiendo a los criterios establecidos, desde el inicio del programa para garantizar la transparencia.