La normativa refiere que los funcionarios cesantes tienen un plazo máximo de 30 días para presentar una declaración jurada indicando su patrimonio y de la comunidad conyugal, de lo contraria estará sujetos a sanciones indicada en la legislación.
La Oficina de Evaluación y Fiscalización del Patrimonio de los Funcionarios Públicos de la Cámara de Cuentas cifra en 502 los exfuncionarios que, directa o indirectamente, administraron fondos gubernamentales de instituciones centralizadas, autónomas y descentralizadas del Estado, y que al finalizar su gestión no presentaron la declaración indicada.
La lista enviada a la Procuradora General de la Republica contiene exfuncionarios de los niveles de directores generales, viceministros, presidentes de consejos administrativos, gobernadores provinciales; embajadores, cónsules, procuradores adjuntos, miembros de concejos directivos, subadministradores, congresistas y otros vinculados al gasto público.
En el documento resaltan los nombres de Juan Maldonado Castro, exdirector de Comunidad Digna, Luis Maisichell Dicten, examismitador general de la Lotería Nacional; Leonardo Antonio Faña Batista, exdirector general del Instituto Agrario Dominicano, así como Leonel Severino Diroche, presidente Instituto de Auxilio y Vivienda, Francisco Antonio Michel Severino, exdirector general de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de La Romana, José Antonio Polanco Rosa, exdirector general del Consejo de Población y Vivienda, entre otros.
Asimismo, faltan por presentar su declaración de Patrimonio el expresidente de la Comisión de Desarrollo Barrial y sus 21 exvicepresidentes; María Paz Conde Victoria y Luz Antonia Tejada exdirectoras del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (INTRANT), Laureano Guerrero Sánchez, director de la Oficina de Custodia de Bienes del Estado, el general (a) Delver Adolfo Polanco Arias, director general del Sistema Nacional de atenciones a Emergencias y Seguridad-911-.
La ley que permite a la Cámara de Cuentas exigir a los funcionarios sus declaraciones de bienes, tanto a la entrada como a la salida del cargo, dice en su Artículo 19 lo siguiente:
“El Ministerio Público iniciará la apertura de una investigación por presunción de enriquecimiento ilícito del funcionario público obligado a hacer la declaración jurada de patrimonio, en el caso de haber finalizado el período o haber sido removido del cargo sin cumplir con los requerimientos de esta ley, conforme al plazo establecido en la misma.
Informa Acento que la Procuraduría General bien podría iniciar una investigación contra los exfuncionarios que no presentaron o transparentaron su patrimonio en el plazo indicado, y podría acarrear consecuencias penales y la incautación de bienes, si no se justifican.