Miguel Surum Hernández, presidente del CARD, recordó que la Ley 458-08, que creó el INACIF, como entidad totalmente autónoma, no dependiente ni siquiera de la Procuraduría General de la República, precisamente para evitar la politización de los exámenes forenses, los cuales son determinantes en los procesos penales.
Surun Hernández además, señaló que dicho proyecto de Ley, en su literal F, Párrafo II, artículo 6, entrega a la Policía Nacional, la facultad de perseguir e investigar las infracciones penales, en violación al artículo 169 de la Constitución, que encarga al Ministerio Público la “investigación penal y la de ejercer la acción pública en representación de la Sociedad”.
Del mismo modo, afirmó que se atribuye al “Ministerio de Justicia” la instauración del Sistema de Derechos Humanos, en violación del artículo 191 de la Constitución, que consagra dichas funciones en favor del Defensor del Pueblo, como rector del Sistema de Derechos Humanos en el País; cediendo además en favor de dicho Ministerio, la representación del Estado Dominicano, en violación al artículo 128 de la Constitución, que atribuye al Presidente de la República, en su calidad de Jefe de Estado, la representación del Estado Dominicano, funciones que son indelegables.
Miguel Surun Hernández, quien además es jurista, aseguró que dicho proyecto de Ley entrega al Poder Ejecutivo el Control, Fiscalización y Regulación de las Organizaciones sin Fines de Lucro (ONG), con poder para anular aquellas Fundaciones, cuyas actividades sean molestas al gobierno de turno, en un grave atentado al sistema de fiscalización ciudadana instaurado en virtud de la Constitución, y de la Ley 122.
Otro punto negativo enumerado por Surun Hernández, es que supuestamente se entrega al Ministerio de Justicia, el control y fiscalización de Abogados y Notarios, despojando al Colegio de Abogados y al Colegio de Notarios de dichas facultades, que le fueron otorgadas en virtud de la Ley 3-19 y 140-15, asestando un rudo golpe a la libertad y fortaleza gremial en la Republica Dominicana.
Agrega que de hacerse realidad la propuesta hecha por el Poder Ejecutivo, dicho Ministerio de Justicia asumiría, además, la expedición de todas las certificaciones oficiales del Estado Dominicano, muy especialmente de los certificados de no antecedentes penal, bajo el riesgo de politizar dicho sistema, que ha tenido una labor aceptable en los últimos años.
Indicó que el Sistema Carcelario pasaría al Poder Ejecutivo, destruyendo reformas instaurada en virtud de la Ley 113-21.
Especificó que virtud de proyecto, el Poder Ejecutivo asumiría el control de todo el Sistema Carcelario, destruyendo las reformas legales instauradas en virtud de la Ley 113-21, de Régimen Penitenciario, la cual fue el producto de años de Estudio y Planificación, con lo cual se pondrían miles de técnicos del Sistema, para colocar a activistas políticos, retrotrayendo a 30 años de avance institucional en el Sistema Cárceles, que goza con una autonomía más o menos aceptable, la cual desaparecía para convertirse en seudo del partido oficial.
Indica Hoy Digital que Miguel Surun Hernández hablando en nombre del Colegio de Abogados requiere de los Diputados rechazar dicho despropósito institucional contra la independencia de la justicia, sobre la base de crear un aparato burocrático sombra de injerencia, conformada por un Ministro, ocho Viceministros, 16 direcciones generales, y 20 Direcciones departamentales.