Qué Política, Santo Domingo.- La Corte de Apelación del Distrito Nacional,
varió la prisión preventiva que pesaba contra el general Juan Carlos Torres
Robiou, exjefe del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) e
involucrado en el caso de corrupción
Coral 5G.
El Ministerio Público confirmó sobre la decisión, que fue acogida el pasado miércoles, y se hará efectiva este lunes, con la colocación del grillete y el traslado del imputado a su residencia.
En tanto que la audiencia preliminar del caso Coral y Coral 5G fue recesada para este próximo viernes con la última imputada, Ortega Polanco que presentará sus alegatos de defensa y posteriormente continuarán los intervinientes voluntarios.
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El caso Coral 5G es un escándalo de corrupción que surgió en 2019 y que involucra a varios funcionarios públicos y empresarios. El caso se centra en presuntas irregularidades en la adquisición de equipos de comunicación y tecnología por parte de la Dirección General de Comunicaciones (DIGECOM) para el sistema de seguridad y emergencias del país.
Según los informes, se alega que se realizaron sobreprecios significativos en la compra de estos equipos y que se beneficiaron personas cercanas a altos funcionarios del gobierno pasado. Además, se investiga la presunta participación en actos de corrupción y lavado de dinero.
El Ministerio Público confirmó sobre la decisión, que fue acogida el pasado miércoles, y se hará efectiva este lunes, con la colocación del grillete y el traslado del imputado a su residencia.
En tanto que la audiencia preliminar del caso Coral y Coral 5G fue recesada para este próximo viernes con la última imputada, Ortega Polanco que presentará sus alegatos de defensa y posteriormente continuarán los intervinientes voluntarios.
El caso Coral 5G es un escándalo de corrupción que surgió en 2019 y que involucra a varios funcionarios públicos y empresarios. El caso se centra en presuntas irregularidades en la adquisición de equipos de comunicación y tecnología por parte de la Dirección General de Comunicaciones (DIGECOM) para el sistema de seguridad y emergencias del país.
Según los informes, se alega que se realizaron sobreprecios significativos en la compra de estos equipos y que se beneficiaron personas cercanas a altos funcionarios del gobierno pasado. Además, se investiga la presunta participación en actos de corrupción y lavado de dinero.