El órgano electoral proveerá equipos para el empadronamiento y la actualización de información biométrica en los centros de reclusión, así como el uso del sistema multibiométrico en los procesos de consultas e identificación de personas, imputación y privados de libertad.
También permitirá depurar el padrón del sistema carcelario, excluyendo a todas las personas juzgadas ya de manera definitiva e irrevocable.
El presidente de la Junta Central Electoral, Román Jáquez Liranzo, calificó la firma del acuerdo como “un paso histórico dentro de la transparencia democrática y la eficiencia de los derechos” que, aseguró, deben ser garantizados, “no en los papeles”, sino de manera real y efectiva.