El concurso convocado por CORAAVEGA es de un solo lote y exige a los contratistas interesados en participar, que deben presentar una línea de crédito aprobada por más de RD$400 millones y contar con una facturación acumulada en equipos y materiales por más de RD$1,000 millones, lo que evidencia una aviesa intención de eliminar competidores y asignar la obra a un contratista en particular.
El presidente del Consejo de Administración de CORAAVEGA, además de ser la principal figura deliberativa, mantiene estrechos vínculos con el senador Ramón Rogelio Genao, a quien el rumor público en esa comunidad, señala como muy cercano a las decisiones relevantes que se puedan generar en la institución vegana.
El presidente de la Regional Norcentral del Colegio de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores –Codia-, Julio Gil, declaró que para un profesional del ramo cumplir los requerimientos exigidos por CORAAVEGA para participar en dicha licitación, tendrían que reunir los recursos de todos los veganos juntos.
No obstante, aclaró que el CODIA ha pedido una reunión con el Consejo Directivo del organismo, a los fines de que la licitación se divida en cuatro lotes, y de esta forma garantizar la participación de otros contratistas.
Por su lado, el presidente nacional del CODIA, Cristian Rojas, reclamó también que la licitación de la obra se divida en cuatro lotes.
“La Dirección de Compras y Contrataciones, debe revisar el pliego de condiciones de la Licitación en CORAAVEGA y hay que dar más oportunidades de participar a los ingenieros y empresas del país, ya que las exigencias en los pliegos no están del todo claras y pido la intervención del Director de Compras y Contrataciones, Carlos Pimentel y de la directora de Ética y Moralidad Pública, doctora Milagros Ortiz Bosch’.
Cristian Rojas por su parte, amplió que “El monto de la obra puede ser subdividido en varios tramos, ser sorteado y contratar más profesionales y empresas” y llama la atención del INAPA y del presidente Luis Abinader en ese sentido.
En tanto, que el ex presidente del Codia, ingeniero Teodoro Tejada, declaró como “un abuso y un absurdo”, esos recaudos excesivos, porque violan derechos fundamentales consignados en la Constitución de la República en su artículo 38.
El también vocero de “Despertar Codiano”, advirtió que con esos recaudos se vulnera la dignidad humana, establecida en el artículo 39 de la Constitución, en lo relativo al derecho a la igualdad, en el artículo 50 y también vulnera la Ley 340-06 y las modificaciones de la Ley 449-06, articulo 3.
“Es una licitación excluyente, abusiva y carente de transparencia. Solo faltó que le pusieran el nombre de la empresa a la que le asignan la obra, porque en La Vega no hay dos empresas con esa capacidad económica”, sostuvo el ing. Tejada.
Para los profesionales de la construcción de la provincia de La Vega, esta convocatoria a licitación es una burla más del senador Ramón Rogelio Genao, que los tiene acostumbrados a acciones de esta naturaleza.
La supuesta licitación ha provocado una rebelión entre los profesionales de la ingeniería civil en La Vega, que se sienten excluidos del proceso de contratación, en franca violación a los estipulados de la Ley 340-06, en su artículo dos que establece: “Principio de igualdad y libre competencia.
En los procedimientos de contratación administrativa se respetará la igualdad de participación de todos los posibles oferentes. Los reglamentos de esta ley y disposiciones que rijan los procedimientos específicos de las contrataciones, no podrán incluir ninguna regulación que impida la libre competencia entre los oferentes.
En el artículo 7 esa misma Ley establece: el “Principio de reciprocidad. El Gobierno procurará un trato justo a los oferentes dominicanos cuando participen en otros países, otorgando similar trato a los participantes extranjeros en cuanto a condiciones, requisitos, procedimientos y criterios utilizados en las licitaciones”.
Informa Proceso que mientras, que la Ley 449-06 establece: el Principio de responsabilidad, moralidad y buena fe. Los servidores públicos estarán obligados a procurar la correcta ejecución de los actos que conllevan los procesos de contratación, el cabal cumplimiento del objeto del contrato y la protección de los derechos de la entidad, del contratista y de terceros que pueden verse afectados por la ejecución del contrato. Las entidades públicas y sus servidores serán pasibles de las sanciones que prevea la normativa vigente.