Solo en el 2018, está representó pérdidas para el Estado por el orden de los RD 168,000 millones de pesos, el 8 % del Producto Interno Bruto.
En su exposición sobre “La integridad y la transparencia en las interacciones público-privadas y la gestión de conflictos de interés”, en la reunión de la Red de Integridad Pública OCDE-BID para América Latina y el Caribe, la doctora Ortíz Bosch citó las acciones más relevantes desarrolladas por el Gobierno en la consecución de una gestión transparente y destacó la necesidad de integrar y apoyar los esfuerzos de las entidades de la sociedad civil en el combate a la corrupción.
Refirió que los signos de progreso de la República Dominicana en materia de fortalecimiento de la democracia están señalados por los organismos internacionales, que son quienes evalúan. En ese sentido, el país mejoró en materia de justicia, medios de comunicación y corrupción entre 2021 y 2023, “porque existe la voluntad política de transparentar la gestión pública, sustentada en los principios de democracia, institucionalidad y estado de derecho”.
Ortiz Bosch mencionó, como parte de las acciones ejecutadas, el irrestricto cumplimiento normativo extendido a la estructura del Ministerio de Hacienda, las Direcciones Generales de Presupuesto, Compras y Contrataciones Públicas, Contraloría General de la República, Tesorería General de la República y las estructuras vinculadas al seguimiento de la integridad gubernamental y el cumplimiento normativo interno, así como de los compromisos internacionales con las Convenciones de Lucha contra la Corrupción, Alianza de Gobierno Abierto, las Políticas de Datos Abiertos y los acuerdos derivados de estas.
El organismo que dirige Ortiz Bosch ha sido responsable de la transformación de las Comisiones de Ética Pública en Comisiones de Integridad Gubernamental y Cumplimiento Normativo, así como del impulso a las acciones que ya se venían generando en las compras públicas, en la ejecución presupuestaria, en el registro documentado de los contratos públicos por la Contraloría General de la República y la publicación mensual de los pagos del Gobierno, estableciendo el hito de colocar los mapas de riesgo, con atención sobre el Conflicto de Interés.
También se ha encargado la DIGEIG de la formación en el Sistema Integrado de Gestión ISO 31000 (sobre Gestión de Riesgo), 37001 (sobre Gestión Antisoborno) y 37301 (sobre Gestión de Cumplimiento), debido a que las comisiones reformadas son el instrumento de seguimiento interno de prevención, las que acompañan a la Administración Pública en la creación del Código Nacional de Integridad Pública y en la Política Nacional contra la Corrupción.
Aunque es mucho lo avanzado y le satisface, la doctora Milagros Ortiz Bosch así se expresó: “Estamos mejorando la calidad institucional para contar con una mejor cohesión social, donde la confianza en las instituciones sea la norma, el modus operandi de la sociedad toda y donde todos nos convirtamos en verdaderos veedores sociales. Pero sería irresponsabilidad no reconocer que no basta lo hecho, que el compromiso es crear la sostenibilidad, la reglamentación y creación de una cultura de integridad”
Como líder de la delegación de la República Dominicana, la doctora Ortiz Bosch también motivó a los participantes a pensar en las herramientas necesarias para continuar el apoyo a la sociedad civil como forma de trabajo conjunto entre los sectores público y privado, porque los creativos y sofisticados mecanismos de la corrupción demandan esa sinergia. A esto agregó que la relatoría de los diálogos multinacionales que confluyen en el GACIF debe ser compartida con los organismos de la sociedad civil que velan por la transparencia, como forma de extrapolar las mejores acciones y políticas públicas en defensa del patrimonio colectivo.
La agenda de la versión 2023 del Foro Global Anticorrupción e Integridad (GACIF) hace hincapié en la gestión de las relaciones y el trabajo conjunto entre el sector público y el privado, con la propuesta de que se mantengan firmes en el objetivo común de la integridad y la transparencia.
En el evento paralelo de la Red de Integridad Pública OCDE-BID para América Latina y el Caribe, participaron los principales actores de los sistemas de integridad pública en la región, que incluye a los organismos dedicados exclusivamente a las políticas de integridad y a los actores responsables de la transparencia gubernamental, administración pública y control interno, entre otros.
GACIF es un espacio único de diálogo político entre líderes responsables de políticas de integridad, que posibilita el intercambio de ideas, experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas en la implementación de políticas públicas de integridad y hasta el viernes 26 de mayo tiene una serie de actividades en las cuales se abordarán distintos temas como: “Integridad pública en infraestructura tolerancia cero con la corrupción.¿Qué significa en la práctica para la cooperación al desarrollo?”, “Cabildeo, influencia y gestión de conflictos de interés”, “Debida diligencia en anticorrupción y derechos humanos”, “Combatir el fraude en medio de las crisis”.
La corrupción y la falta de integridad se encuentran en el centro de muchos de los desafíos actuales del mundo y exacerban sus efectos en los ciudadanos, las empresas y el Gobierno, motivo por el cual el Foro Global Anticorrupción e Integridad 2023 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), centra en soluciones de políticas e innovaciones que fortalezcan la integridad y refuercen la acción internacional contra la corrupción, como vía de abordar problemas relativos a la mala gestión de los fondos públicos, el soborno internacional, el fraude fiscal y las prácticas opacas.
OCDE es una organización internacional cuya misión es diseñar políticas para una vida mejor, con el objetivo de promover políticas que favorezcan la prosperidad, la igualdad, las oportunidades y el bienestar para todas las personas.