Por un lado, quince organizaciones políticas encabezadas por el Partido de La Liberación Dominicana y la Fuerza del Pueblo presentaron por ante la Junta Central Electoral recursos de revisión contra la citada resolución, mientras que por otro lado catorce partidos políticos encabezados por el oficialista Partido Revolucionario Moderno (PRM), solicitaron a la Junta Central que ratifique en todas sus partes la resolución 13-23 que dispone las reservas de las candidaturas por cada nivel de elección.
Las listas de ambos grupos se ven abultadas porque por lo menos cinco organizaciones políticas, de las llamadas minoritarias, aparecen en los dos grupos, en una especie de doble jugada.
"Que se rechacen los recursos de reconsideración interpuestos por los partidos recurrentes objeto del presente escrito de réplica en contra de la resolución 13-2023 dictada por ese órgano electoral, y en consecuencia que se proceda a ratificar en todas sus partes la resolución", dice el documento depositados por los partidos a favor de la citada resolución.
La instancia fue firmada, además del PRM, por los partidos Liberal Reformista (PLR), Acción Liberal (PAL), Unión Demócrata Cristiana (UDC), Nacional Voluntad Ciudadano (PNVC), País Posible (PPP), Cívico Renovador (PCR), Moda, Revolucionario Independiente (PRI), Verde Dominicano (PVD), Humanista Dominicano (PHD), la Democracia (APD), Revolucionario Social Demócrata (PRSD) y Socialista Cristiano (PSC).
De ese grupo, también aparecen en el otro bando en contra de la resolución la UDC, el PHD, el PAL, el PNVC y el Partido Verde Dominicano.
Los que están a favor de la resolución 13-23 argumentan que el porcentaje del 20 % para las reservas de candidaturas, "no se exige del total de las nominaciones para los puestos de elección popular, que sí sería consistente con la interpretación que pretende la crítica".
Plantean que aplicar la reserva del 20 % al total de las candidaturas, conllevaría que de las 4,528 posiciones los partidos podrían apartar 905 puestos, abriendo la posibilidad de guardar la totalidad de los senadores, diputados, alcaldías, subdirectores, la candidatura presidencial y se restaría espacio para el caso de los regidores.
Aluden que dar esa posibilidad al uso de las reservas sería eliminar la democracia interna de las organizaciones políticas y mutilar de un solo golpe el sentido mismo de los partidos políticos, afectando la militancia de estas organizaciones y sus derechos constitucionales.
Plantean que la JCE tiene la responsabilidad de regular los procesos internos de las organizaciones, la presentación de candidaturas y el respeto a los derechos de los militantes, así como aplicar la Ley 33-18 de Partidos Políticos.
Señalan que tanto el Tribunal Superior Electoral (TSE) como el Tribunal Constitucional (TC) indicaron de manera clara y precisa que la capacidad de hacer alianzas entre los partidos estará limitada bajo la premisa de que el derecho a las aspiraciones debe prevalecer y respetarse, según informa Proceso.