La unidad está ubicada en el Malecón Center, Distrito Nacional, y fue puesta en funcionamiento durante un acto encabezado por Luis Valdez Veras, director general de Impuestos Internos, y Miriam Germán Brito, procuradora general de la República.
Valdez Veras detalló que se trata de un área de 259.84 metros cuadrados con capacidad para 25 colaboradores y 5 fiscales. Cuenta con recepción, despachos individualizados, cuarto de socialización de evidencias, salón de custodia, archivo, cámara Gesell, sala de detención, cuarto de seguridad, cuarto de controles eléctricos, cuarto de data, baños y comedor. Esto conllevó una inversión de RD 10,854,847.71.
Reiteró que la actual Administración Tributaria se caracteriza por ser un ente conciliador, cercano a todos los contribuyentes, pero sin perder de vista el carácter y función de cobranza a través de los distintos métodos que le permite el ordenamiento jurídico.
“Agradecer a la procuradora general de la República, doña Mirian Germán Brito el apoyo brindado para que hoy sea una realidad la creación de la presente unidad, reiterando ante el país que nuestro único compromiso es con la transparencia y buena práctica en el servicio público, tal como ha sido el ejemplo del señor presidente Luis Abinader”, expresó Valdez Veras.
Por su parte, la magistrada Germán Brito manifestó que “es de mucha satisfacción para mí en el día de hoy, como cabeza del Ministerio Público, recibir de manos de la DGII estas nuevas instalaciones donde operará la Unidad de Investigación de Delitos Tributarios del Ministerio Público, las cuales permitirán el desarrollo de sus actividades de manera digna y confortable”.
“Quiero con estas breves palabras agradecer a la Dirección General de Impuestos Internos en la persona de su director general el apoyo prestado hasta el momento a nuestra institución, no solo en el aspecto de facilitar espacios al Ministerio Público para que pueda realizar con más eficacia sus trabajos, sino su permanente y eficaz colaboración institucional en el desarrollo de investigaciones que realizamos contra las diferentes modalidades de criminalidad”, expresó, al tiempo de destacar que ese tipo de colaboración fortalece la institucionalidad y el Estado de derecho en beneficio de los ciudadanos.
De su lado, Yorlin Vásquez, subdirectora Jurídica de la DGII, expresó que la unidad nace por la necesidad de combatir aquellos hechos punibles tributarios que causan inequidad en el sistema tributario dominicano y que requiere una ardua labor de investigación por la cantidad de involucrados y de delitos, así como el nivel de conocimiento de los infractores.
“La creación de la unidad ha ayudado a la DGII al reforzamiento de los casos que hemos llevado a la justicia”, agregó Vásquez.
Sobre la unidad
La unidad está adscrita a la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y se encargará de investigar, perseguir y judicializar los delitos tributarios a nivel nacional, en coordinación con la Administración Tributaria.
Además, establecerá los mecanismos de supervisión e investigación relacionados con estos delitos y colaborará o asumirá el procesamiento de casos penales y hechos en los que se haya verificado infracciones.
Servirá de apoyo a las distintas fiscalías y procuradurías especializadas del país en la persecución de los delitos tributarios, que generan cuantiosas pérdidas cada año al Estado dominicano.
La unidad fue aprobada en el tercer punto de la agenda del Consejo Superior del Ministerio Público durante la novena sesión, celebrada el 16 de abril del 2021.
Posteriormente, en junio del 2021, la PGR recibió de la DGII la donación de dos inmuebles en Malecón Center y autorizó el uso de dos más en la Plaza Luperón en condición de concesión temporal, para el funcionamiento de las oficinas de servicio al usuario, donde se emiten certificaciones de no antecedentes penales, legalización de actos notariales y otros documentos.
Base legal
En la base legal para la creación de la referida Unidad de Investigación de Delitos Tributarios está el artículo 169 de la Constitución Dominicana, donde se establece que el Ministerio Público “es el órgano del sistema de justicia responsable de la formulación e implementación de la política del Estado contra la criminalidad, dirige la investigación penal y ejerce la acción pública en representación de la sociedad”.
También, el artículo 47, numeral 14, de la Ley Orgánica del Ministerio Público, establece que dentro de las funciones del Consejo Superior del Ministerio Público está: “Aprobar políticas de persecución penal del Ministerio Público, a propuesta de cualquiera de sus miembros o del Director General de Persecución del Ministerio Público”.
De igual modo, el numeral 23 del citado artículo establece: “Aprobar la creación, traslado o reorganización de procuradurías regionales y fiscalías en cualquier parte del país, atendiendo especialmente a criterios de carga de trabajo, complejidad o especialidad de los casos, extensión territorial, facilidad de comunicaciones y eficiencia en el uso de los recursos”.
Conforme al artículo 233 de la Ley 11-92 que instaura el Código Tributario de la República Dominicana: “El delito tributario es de carácter penal y se regirá por las normas de la ley penal común, así como por las disposiciones especiales de este Código”.
Y el artículo 234 del mismo Código indica que “la Administración Tributaria, en los casos que tome conocimiento de hechos constitutivos de delito, deberá iniciar ante la justicia ordinaria la acción penal. Una vez iniciado el proceso, este se tramitará conforme a las normas de los delitos comunes”, y la persecución de estos delitos recae sobre el Ministerio Público.