Se trata de contratos suscritos por el CEA con anterioridad a la entrada en vigencia del Decreto núm. 268-16, el cual prohibió a partir del 27 de septiembre de 2016 la venta de terrenos propiedad del organismo.
La comisión quedó integrada por Enriquillo Reyes (presidente), el director ejecutivo del CEA (vicepresidente), Yolanda de la Cruz Vargas (secretaria), así como por el director general del Catastro Nacional, Fidias Federico Aristy Payano, Francisco Torres, Fabio Alexandro Cabral Valenzuela y Víctor Sánchez.
Todos estos miembros participarán en la comisión a título honorífico.
En un plazo de dos meses, la referida comisión deberá rendir un informe al presidente de la República, con el fin de determinar cuáles de esas operaciones jurídicas constituyen actos irreversibles, consumados y hechos de buena fe, y cuáles pueden ser reconsiderados por el Estado dominicano.
El preámbulo del decreto citado enfatiza el interés de la Presidencia en determinar la legitimidad y legalidad de estos contratos antes de su remisión al Congreso Nacional para fines aprobatorios, a la vez que procura satisfacer los derechos adquiridos por aquellos adquirientes de buena fe.