Miembros de la Cámara de Cuentas no han cometido faltas graves, dicen legisladores PLD

Juan Julio Campos, diputado del PLD

Legisladores del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no ven como graves las irregularidades encontradas a los miembros de la Cámara de Cuentas durante la investigación llevada a cabo por una comisión de diputados, por lo que entienden que no es necesario un juicio político, como se recomendó, sino que una amonestación publica sería suficiente.

El vocero del bloque de diputados por el PLD, Juan Julio Campos Ventura, consideró que una amonestación no es tan grave, como lo sería un juicio político “a personas que no han cometido faltas graves”.

Dijo además que no todos deben ser juzgados de la misma manera, “sobre todo a las damas miembros de la Cámara de Cuentas”. 

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Informó que en las próximas horas los diputados del PLD se reunirán, para tomar una decisión con relación a la posición que van a sostener con el tema del órgano fiscalizador.

En ese sentido, el legislador del partido morado, Gustavo Sánchez, dijo que presentarán un informe disidente por no estar de acuerdo con lo decidido por el bloque oficialista, y calificó como “chismesitos de patio” los hallazgos arrojados en la investigación a los miembros del órgano fiscalizador.

En tanto que senadores oficialistas explicaron que la gravedad de los errores será determinada en un juicio político.

Los senadores por el Partido Revolucionario Moderno (PRM), Franklin Romero, y Lenín Valdez, estuvieron de acuerdo en la afirmación.

Valdez agregó que estarán al “ojo al acecho” para conocer cuál es el destino de los miembros de la Cámara de Cuentas.

La comisión de la Cámara de Diputados designada para conocer la situación, encabezada por Rolegio Alfonso Genao, determinó que el organismo cometió “faltas graves”, por lo que recomendó que se les realice un juicio político, para una eventual destitución de sus cargos.

Señala N Digital que los 5 miembros del pleno, encabezado por Janel Andrés Ramírez, se han lanzado acusaciones de todo tipo, desde acoso laboral hasta toma de decisiones sin la consulta del presidente del organismo fiscalizador del Estado dominicano.

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