Todo parece indicar que al Gobierno del presidente Luis Abinader no le ha
salido muy bien el populismo mediático que se quiso hacer con las
auditorías realizadas por la Contraloría General de la República (CGR) a
diferentes instituciones del Estado.
Según se iban publicando
en los medios los resultados de las mismas, así mimo iba subiendo el nivel
de crispación social dada la podredumbre que se estaba destapando en el
gobierno del cambio.
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Miles de millones
de pesos manejados de manera irregular, botellas,
festín con el combustible, pagos millonarios con cheques sin sustento alguno y muchas desgracias
más.
Tanto fue el asombro de lo revelado que, diversas
instituciones de la llamada sociedad civil piden al Ministerio Público los
correspondientes
sometimientos judiciales a los funcionarios de las entidades donde fueron encontradas las
irregularidades.
El Gobierno al ver el avispero que generó lo
que pensaban era un anuncio de “transparencia”, ahora se despacha diciendo
que “a raíz de los resultados presentados, dichas instituciones han
solucionado o están en proceso de solución de las
faltas administrativas y procedimentales subsanables reveladas”.
Es decir que para
los oficialistas el manejo irregular de miles de millones de pesos es algo
que se puede quedar sin consecuencias judiciales solo diciendo que son
“faltas administrativas y procedimentales subsanables reveladas”.