El abogado Francisco García, padre y defensa legal de Bella García, una
de las empleadas de la Cámara de Cuentas que se querelló contra su
presidente, Janel Ramírez, por
acoso sexual, dijo que la decisión de
archivar el proceso
por parte del Ministerio Público pudiera responder a ciertas presiones del
Gobierno. Esto con el objetivo de que el funcionario sea procesado
penalmente.
García sostuvo que la resolución es contradictora.
Explicó que el Ministerio Público reconoce que Ramírez ha cometido faltas
éticas desde el punto de vista de sus funciones. Pero lo considera acoso
laboral, y no sexual, como su defendida ha evidenciado con las pruebas
aportadas.
Esa conducta inmoral o antiética del presidente de la Cámara de
Cuentas de chantajear y presionar a dos servidoras de la Dirección
Jurídica no es un simple acoso laboral. Estamos frente a un tipo penal
contenido el artículo 333 del Código Penal, que se llama acoso sexual.
Francisco García, defensa legal de una de las querellantes.
Aseguró que impugnarán la decisión ante la Suprema Corte de
Justicia. “Recurriremos a través de un recurso especial que se llama
objeción. Esa objeción la vamos a hacer por ante la magistrada Vanessa
Peralta, jueza de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia”,
declaró.
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El abogado manifestó que tienen la firme esperanza de
que una vez se conozca el recuso, la jueza Peralta revocará la decisión
del Ministerio Público. Y que posteriormente ordenará la continuación de
la investigación. Asimismo, que se presente formalmente acusación.
“Hemos perdido una batalla, no hemos perdido la guerra.
Estamos convencidos de la firmeza de nuestra acusación. Los hechos que
narramos realmente ocurrieron”, concluyó.
El Ministerio
Público informó que el proceso penal seguido a Janel Ramírez, presidente
del órgano auditor, se archivó de manera definitiva debido a falta de
pruebas en su contra.
Detalló a través de un comunicado que,
de acuerdo con las informaciones y evidencias analizadas, no se configura
el tipo penal de acoso sexual, establecido en el artículo 333-2 del Código
Penal Dominicano.
Señala
CDN que la instrucción del proceso estuvo a cargo de los magistrados Fernando
Quezada e Isis De La Cruz, procuradores adjuntos de la Procuradora General
de la República.