Un acuerdo de colaboración interinstitucional fue firmado con esos fines entre la procuradora general Miriam Germán Brito y el ministro de Trabajo Luis Miguel de Camps García, quienes ratificaron su compromiso de continuar trabajando conjuntamente con la finalidad de combatir el trabajo infantil.
La procuradora Miriam Germán Brito destacó la importancia de que se elimine ese tipo de práctica. “Deseo que ese tipo de trabajo sea erradicado y que no se les robe a los niños que goce de su infancia”, manifestó mientras pronunciaba unas palabras durante el acto de firma del acuerdo que tuvo lugar en su despacho.
De su lado, el ministro De Camps García valoró las acciones conjuntas que llevan a cabo para la erradicación del trabajo realizado por esa población. “Expresarle personal el agradecimiento en nombre del Ministerio de Trabajo por todo lo que ha sido una labor que se ha podido materializar de manera conjunta a lo largo de casi tres años, a pesar de la pandemia”, expresó, al tiempo que reconoció el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y del gobierno de los Estados Unidos de América a los programas aplicados con ese objetivo.
El Ministerio Público, a través de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), que dirige la procuradora de corte Olga Diná Llaverías, quien también estuvo en la firma del convenio, colaborará con sus técnicos en las campañas de sensibilización, con la puesta en marcha de los programas de desarrollo que tienen incidencia directa en la sociedad dominicana, a fin de evaluar, prevenir y dar seguimiento al trabajo infantil.
Además, se encargará de capacitar al personal del Ministerio de Trabajo en la identificación de delitos que constituyen las peores formas de trabajo infantil.
Se acordó también establecer una Procuraduría Especializada en Derecho Penal-Laboral en las provincias del país, en especial, en aquellas provincias en que existan mayor presencia de trabajo infantil y sus peores formas.
Como parte de la alianza, el Ministerio Público además pondrá a disposición del Ministerio de Trabajo su Línea Vida 809-200-1202, para recibir las denuncias concernientes a trabajo infantil, las cuales deberán ser comunicadas al Ministerio de Trabajo a través de la Dirección de Trabajo Infantil, quien tendrá a cargo la coordinación de las acciones correspondientes.
En tanto que el Ministerio de Trabajo brindará el apoyo necesario al Ministerio Público para la sensibilización y capacitación de su personal en materia Penal-Laboral, en especial en lo que concierne a la prevención para la eliminación del trabajo infantil.
Ofrecerá, igualmente, una colaboración permanente al Ministerio Público, a fin de elaborar una política efectiva de sensibilización, dirigida a los miembros de esta institución persecutora, con la finalidad de aportar conocimientos para reducir de manera sostenida el trabajo infantil en la sociedad.
El Ministerio de Trabajo dará seguimiento a esos casos, a través de la Dirección de Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Dirección General de Trabajo, sin perjuicio del acta de infracción que levante a través de la Dirección de Inspección para la aplicación de sanción penal que aplica el tribunal correspondiente. Para esto, el Ministerio Público enviará a requerimiento de esa entidad un informe del estatus de los casos que se encuentran bajo su control, sin perjuicio de la aplicación por parte del Ministerio de Trabajo de las sanciones penales que procedan conforme el ordinal tercero de los artículos 720 y 721 del Código de Trabajo, que establece multas de 7 a 12 salarios mínimos para violaciones a las disposiciones sobre la edad mínima de trabajo y protección de menores.
Por igual, la entidad a cargo del desarrollo de las relaciones laborales comunicará al Ministerio Público cualquier delito laboral que se cometa en contra de los niños, niñas y adolescentes, identificado en las jornadas de inspección, operativos focalizados o cualquier otra modalidad, cuya comisión constituya o no una pena más gravosa que la infracción que compete al Ministerio de Trabajo, en cuyo caso coordinará con la institución de justicia la naturaleza del proceso que se iniciaría en virtud de la comisión del delito identificado.
En la firma del acuerdo, que tendrá una duración de dos años, sujeto a renovación automática, participaron otros integrantes de ambas instituciones.