También la usurpación de las funciones del Congreso en su competencia y facultad constitucional de aprobar los préstamos contraído por el Estado Dominicano.
“Advertimos que, en el año 2022, el Ministerio de Hacienda, representado por el señor José Manuel Vicente y la Dirección General de Impuestos Internos, representada por el señor Luis Valdés, concertaron y firmaron un acuerdo de préstamo por 20,000 millones de pesos, deducibles del aporte individualizado del Impuesto Sobre la Renta de 29 entidades de intermediación financieras, representadas por los señores Rosana Ruiz, Presidente Ejecutiva de la Asociación de Bancos Comerciales de la República Dominicana, Francisco Melo Chalas, Presidente de la Liga Dominicana de Asociaciones de Ahorros y Préstamos y la señora Cristina V. de Castro, presidente de la Asociación de Bancos de Ahorros y Créditos y de las Corporaciones de Crédito, INC”.
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Señala El Día que expresó que masajeaban su vanidad y arrogancia el Ministro de Hacienda y el Director de Impuestos Internos al declarar, en el mismo documento de marras, el tener poder y autoridad suficiente para garantizar a las entidades de intermediación financiera: celebrar, ejecutar y cumplir en nombre de la República Dominicana un acuerdo que establecía unos intereses que, para los años 2022 y 2023 serían de un 5%, Pero para los años comprendidos desde 2024 hasta 2031, los intereses serían de 11.25%, con lo cual la caducidad de éste empréstito, sobrepasaría, la legislatura actual y las dos legislaturas subsiguientes.
“Quedan pocas dudas de qué estamos ante un fraude financiero, tributario y fiscal donde 29 entidades de intermediación financiera con la categoría de Banco de Reservas, Banco Múltiple BHD, el Banco Popular, Scotiabank de la República Dominicana, la Asociación Cibao de ahorros y préstamos, la Nacional de ahorros y préstamos, la Asociación Popular de Ahorros y Préstamos, entre otras se han confabulado, con estos dos funcionarios para ejecutar una violación a más de 15 leyes del Estado dominicano a fin de beneficiar política, profesional y posicionalmente, tomando como pretexto la obligación tributaria consignada en el Impuesto Sobre la Renta”.
Indicó que evalúan con abogados, la posibilidad de valorar estas violaciones, las cuales por su gravedad constituyen flagrantes delitos fiscales, con el propósito de establecer la responsabilidades y las acciones con signadas, tanto con las entidades públicas como con las corporaciones privadas, envueltas en este escándalo monetario, financiero y fiscal contra el orden institucional de nuestro país.