“Los amigos del gobierno están locos y desbordados usando los recursos del estado en la promoción de sus precandidatos, pero nos preocupa la mirada indiferente de la JCE, a pesar de contar con las herramientas legales”, indicó el delegado Político de la FP ante el organismo comicial, Manuel Crespo.
Manifestó que, en gestiones anteriores, los plenos de la JCE eran muy proactivos en las tomas de decisiones, aplicando sanciones y medidas cautelares, sin contar con las normativas que ahora tienen a través de la ley del Régimen Electoral y la ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.
“Inclusive la nueva ley del régimen electoral ordena la creación de la Procuraduría Especializada y esta es la fecha que ya abrimos la campaña electoral, sin embargo, las autoridades que tienen que ver con el ministerio público no han preparado todo ese tema, relativo a las estructuras que le va dar respuesta a los requerimientos a partir de esta apertura de la campaña electoral”, explicó.
En una nota de prensa, Manuel Crespo dijo que a pesar de presentar varias instancias denunciando “el uso abusivo del dinero del pueblo desde hace más de un año, la FP y otros partidos de la oposición, el pleno del organismo electoral no ha tomado ningunas acciones jurídicas en contra del gobierno, el presidente Luís Abinader y el PRM”.
“No vemos las sanciones o medidas cautelares, a pesar de que la JCE tienen en sus manos instancias que reposan en sus archivos desde hace más de un año, depositadas con documentos y pruebas sobre el proceso de compras de dirigentes que ha emprendido el actual gobierno y los funcionarios desesperados de la fallida reelección, para comprar regidores, alcaldes, diputados y líderes opositores y sin embargo no se ha colocado en la agenda del pleno este debate. Ni tampoco se ha adoptado ninguna resolución al respecto.”, puntualizó.
Indica N Digital que el también miembro de la Dirección Política vaticinó que este proceso electoral será bastante conflictivo, “sobre todo porque el pleno de la JCE no está asumiendo su rol de árbitro imparcial, con el grado de responsabilidad que tanto la Constitución de la República y las leyes de la materia, los obligan a ponerlas en ejecución para que todos los actores la respeten”.