María Isabel Salvador, representante especial de la ONU para Haití, recordó que hace ya casi «un año» que el Gobierno haitiano pidió ayuda a la ONU para restaurar la seguridad en el país y que los miembros del organismo aún no han entregado una respuesta.
«Es normal que empecemos a pensar en otras posibilidades, como por ejemplo las fuerzas de paz de la ONU», señaló Salvador, quien asumió el cargo el pasado marzo.
Pese al llamamiento del propio secretario general de la ONU, António Guterres, la idea de crear una fuerza multinacional para apoyar a la policía haitiana ha quedado en el aire, sin que ninguna nación se haya ofrecido para liderarla.
Ante este panorama, Salvador resaltó que es necesario que los países y organismos internacionales sean «innovadores y piensen de una manera distinta» para solventar la crisis de Haití.
DIVISIONES EN CIERRE
La diplomática, no obstante, dijo que considera que las divisiones respecto a la situación haitiana se han ido cerrando en el Consejo de Seguridad de la ONU.
«Hay una percepción general y clara de que Haití está en una situación muy peligrosa y que se necesita tomar algún tipo de acción», subrayó.
Tanto Rusia como China, quienes tienen poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, se han mostrado reacios a la idea de enviar una fuerza para apoyar a las autoridades haitianas.
La semana pasada, los líderes de la Comunidad del Caribe (Caricom) pidieron durante una cumbre en Trinidad y Tobago que es necesario crear un «corredor de estabilización humanitaria» para Haití.
El primer ministro haitiano, Ariel Henry, solicitó asistencia a la ONU para su país el pasado 7 de octubre.
CRISIS AGRAVADA
Desde entonces, la crisis de seguridad se ha visto agravada por la inestabilidad política, una epidemia de cólera y un reciente terremoto, hasta el punto de que las necesidades humanitarias urgentes del país suman 720 millones de dólares / 646 millones de euros (para ayudar a 3 millones de personas).
Entre 2004 y 2017, la ONU mantuvo una misión de paz en Haití, compuesta por casi 3,000 efectivos y liderada por el Ejecutivo brasileño.
La presencia de los cascos azules en el país, que comparte territorio con República Dominicana, generó mucha polémica ya que los efectivos fueron relacionados con un fuerte brote de cólera en Haití, al igual que con violaciones y abusos de derechos humanos.