Indica DW que la inhabilitación, impuesta en 2015 por supuestas irregularidades administrativas cuando fue diputada (2011-2014), tenía en principio una duración de 12 meses, pero el viernes la Contraloría General notificó que la sanción fue extendida. El ente argumentó que continuó con las investigaciones.
En una nota oficial, la oficina del jefe de la diplomacia de la UE, Josep Borrell, manifestó este lunes su "profunda preocupación por las decisiones destinadas a impedir que miembros de la oposición ejerzan sus derechos políticos fundamentales, como ha sido el caso de María Corina Machado y otras figuras políticas".
Por su parte, el régimen de Nicolás Maduro defendió la decisión de la Contraloría General y pidió la no interferencia en sus asuntos internos. "La República Bolivariana de Venezuela rechaza categóricamente la declaración" de Borrell, señaló el Ministerio de Relaciones Exteriores en un comunicado.
La UE, que envió a Venezuela una misión de observación a fines de 2021, dijo que ese equipo presentó 23 recomendaciones para que el país mejore sus procesos electorales.
Una de ellas, recordó, proponía "suprimir la prerrogativa de la Contraloría General de despojar a los ciudadanos de su derecho fundamental a presentarse a las elecciones mediante un procedimiento administrativo y sin notificación oportuna, lo que impacta en el derecho a la defensa".