Asimismo, la entidad incluyó una intimación al organismo superior del Ministerio de Educación de la República Dominicana (MINERD) para el cumplimiento de consulta pública de los proyectos de normas administrativas exigidos por las leyes 167-21, 107-13 y 200-04.
La intimación de las industrias editoriales también es en exigencia del cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Educación y del Reglamento de Evaluación de los Medios y Recursos para el aprendizaje, con base en la ordenanza 26-2017, establecidos por el mismo Consejo Nacional de Educación.
La decisión de la ADIERD fue dada a conocer en rueda de prensa por su presidente y portavoz Pablo Cuello, quien expresó su preocupación sobre las irregularidades que, según sus indagaciones, existen en el proceso de aprobación y adquisición de nuevos libros de texto en el sistema público de educación.
Entre las irregularidades detectadas, la ADIERD destaca violaciones a la ordenanza 26-2017 y a la Ley General de Educación número 66-97, falta de transparencia e independencia en el proceso de evaluación y ausencia de certificación de la Oficina de Derecho de Autor (ONDA).
La información fue compartida en una rueda de prensa de ADIERD, encabezada por su presidente y portavoz, Pablo Cuello, quien reveló que el Ministro de Educación ha iniciado el proceso de aprobación apresurada de 79 nuevos títulos, ignorando el procedimiento establecido en la ordenanza 26-2017 que regula la evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje.
ADIERD consideró deplorable que esto esté ocurriendo cuando en 2021, el Consejo Nacional de Educación aprobó 222 libros de texto elaborados por 11 empresas editoras y en 2022 acogió 180 textos de 14 compañías editoriales, a través de procedimientos de contrataciones públicas.
Lamentó que las nuevas medidas improvisadas del Ministerio de Educación no respeten el periodo mínimo de cuatro años de vigencia de los libros de texto aprobados previamente por el Consejo Nacional de Educación, tal y como lo dispone la Ley General de Educación 66-97 en su párrafo I del artículo 78, modificado por la Ley 222-07.
“Los libros sometidos a aprobación han sido elaborados bajo la coordinación del personal del propio MINERD y en beneficio de la misma institución. Es decir, se trata de un proceso en el cual el MINERD está actuando como juez y parte”, resaltó Cuello.
ADIERD afirmó que la evaluación de los textos fue sometida a aprobación de forma subordinada al Departamento de Currículo del MINERD, lo que plantea serias dudas sobre la independencia del proceso. Asimismo, reveló que se desconoce la calidad y los puntajes obtenidos por los libros en la supuesta evaluación, lo que genera incertidumbre sobre la idoneidad de los materiales educativos seleccionados.
“Todos los libros fueron realizados apresuradamente, lo que tendrá un impacto negativo en la calidad de la educación. Es por eso que hoy queremos llamar la atención sobre esta situación preocupante que afecta directamente a nuestros niños y jóvenes, quienes merecen lo mejor en términos de materiales educativos”, subrayó Cuello.
Por otro lado, Cuello manifestó que el Ministerio de Educación no ha publicado ningún estudio que respalde la sustitución de la bibliografía aprobada previamente durante los años 2021-2022, por esta misma gestión del Presidente Abinader, lo que representa la exclusión de 402 libros de 17 editoriales distintas en sustitución de la bibliografía aprobada previamente, algo que no ha podido ser comprobado. “Pedimos al ministro que si ese estudio existe, lo publique”, indicó.
“Hacemos un llamado a las autoridades pertinentes para que se realice una revisión transparente y exhaustiva de este proceso de aprobación de libros de texto, garantizando la participación de expertos independientes y la transparencia en la selección de los materiales educativos. Sólo a través de un esfuerzo conjunto y una visión compartida por la mejora de la educación, podremos construir un futuro más próspero y justo para todos los dominicanos”, destacó Cuello.
Según el presidente de la ADIERD, ya se están viendo las secuelas negativas del proceso de estatización del sector editorial en el sistema de libros de texto público, dirigido por el Ministro Hernández, una decisión que limita la oferta bibliográfica a el solo uso de los libros producidos por la unidad editorial, lo cual conduce a una enseñanza de un texto único, que equivale a un adoctrinamiento.