El funcionario manifestó que si no se hacía la extensión del contrato la crítica sería el por qué se permitió un deterioro de los servicios aeroportuarios en el país, según publica el Hoy.
Expresó que esa renegociación de concesión de los aeropuertos AILA en Boca Chica; Joaquín Balaguer, en La Isabela; Gregorio Luperón, en Puerto Plata; María Montez, en Barahona y Juan Bosch y Arroyo Barril, en Samaná, se produce en un escenario en que hay dos aspectos importantes para República Dominicana, los cuales son crecimiento económico de un promedio de 5.2% y la llegada de turistas, también incrementando a un ritmo por encima del 5% en los últimos años. Dijo que a eso se le suma otra variable, y es el aumento en la llegada de remesas.
Agregó que esos aspectos traen una presión para el país en términos de tráfico de pasajeros (turistas y de dominicanos residentes en el exterior).
El también ex presidente de Asonahores dijo que el Gobierno contrató una firma experta en manejo de aeropuertos y tráfico aéreo para hacer un estudio sobre las principales variables de una negociación y un análisis económico del tráfico. El informe que arrojó que Aerodom podría alcanzar sobre los 8 millones de pasajeros entre 2027 y 2028. Sin embargo, esas 6 terminales solo tienen capacidad para 6.5 millones de pasajeros.
Eso significa, dijo, que se requieren inversiones adicionales para mantener buenos servicios, lo que implica ciertas condiciones, tomando en cuenta que las concesiones aeroportuarias se hacen entre 30 a 50 años para asegurar retorno y rentabilidad.
Santos indicó que en ese sentido había dos opciones, cancelar el contrato con Vinci Airports, lo que implicaría pagar una indennización que podía llevar a un arbitraje o una negociación que permitiera hacer las inversiones necesarias, mejorar la calidad de los servicios, y mejores beneficios para el Estado dominicano. Dijo que es importante aclarar que esa renogociación llevaba un año en proceso, con el objetivo de lograr los mejores resultados para RD.
Precisó que la renegociación representa un beneficio para RD de entre US$$1,905 y US$2,155 millones. De esa cantidad, la empresa concesionaria adelantará al país US$775 millones en un periodo de seis meses como pago inicial por derecho a operación por el plazo extendido de la concesión al año 2060.
Además, Vinci Airports deberá invertir US$830 millones para mejoras en los seis aeropuertos concesionados, incluido el AILA y otros aportes variables estimados entre US$300 y US$550 millones.
De manera inmediata, la empresa concesionaria invertirá US$16 millones para mejorar la terminal en un plazo de 12 a 18 meses. Se iniciará en 2025 el diseño de una nueva terminal que se construirá en el AILA con una inversión de US$250 millones, para sumar una capacidad de 4 millones de pasajeros por año.
También por primera vez el Estado recibiría una remuneración variable a partir del 2030 por tráfico de pasajeros.