En una solicitud ante el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, más de una decena de partes involucradas solicitaron la exclusión de una querella interpuesta por abogados con evidente militancia perremeista, designados por el decreto No.22-21 del Presidente, quienes se auto-designan como «víctimas en representación del Estado».
La petición de exclusión se basa en la premisa de que estos abogados no pueden suplantar las atribuciones del Ministerio Público, único representante del Estado según el Artículo 85 del Código Procesal Penal. Además destacan que el Ministerio Público ya se presenta como querellante en representación del Estado, generando una contradicción al auto-designarse los abogados perremeistas como víctimas en la misma representación.
Fundamento jurídico y atropello a la independencia del Ministerio Público
El soporte jurídico de la defensa se apoya en el artículo 170 de la Constitución, la Ley 133-11, y en la autonomía e independencia del Ministerio Público, destacada por el Tribunal Constitucional. Se subraya que el Presidente Abinader no puede asumir la representación ni considerarse víctima, ya que ello iría en contra de la independencia del Ministerio Público.Denuncian una dualidad de representación al tildar a estos abogados como representantes de la «Administración Central«, cuando el Decreto 22-21 otorga poder para representar al Estado Dominicano. La intervención en la justicia, en este caso, se diferencia de otros casos que involucran dependencias del Poder Ejecutivo, demandando la retirada inmediata de la querella.
Ocultamiento de honorarios y amenazas legales
Además acusan a los abogados perremeistas de ocultar el millonario porcentaje de honorarios que recibirían por el dinero recuperado, inicialmente estipulado en un 15%. Además, se destaca que esta acción obligaría a la Consultoría Jurídica a realizar licitaciones o someter contratos al Congreso, lo cual no ha ocurrido.Advierten al Presidente Abinader que esta intromisión y violación a la independencia del Ministerio Público no será permitida y se llevará a las últimas consecuencias jurídicas, locales e internacionales.
«Dos entes no pueden representar al estado dominicano y el estado no puede suplantar al Ministerio Público ‘independiente'»
Se subraya la ilegalidad de permitir la representación dual del Estado Dominicano y se hace un llamado a retirar la querella, advirtiendo que se seguirá combatiendo esta intromisión en los ámbitos jurídicos, tanto nacionales como internacionales.