En la ceremonia participaron autoridades de todos los poderes del Estado y Lula, en un breve discurso, hizo una firme defensa de la democracia, las libertades y los derechos que establece, aludiendo en forma velada a la actuación de la Fiscalía en 2018, cuando fue condenado a prisión en juicios luego anulados por irregularidades.
“Le pido que tenga solo una preocupación: que la verdad y solo la verdad prevalezca por encima de otros intereses”, porque “las acusaciones ligeras no fortalecen a la democracia” y “muchas veces destruyen a una persona antes de que se pueda defender”, declaró.
Según Lula, “es importante que la Fiscalía General recupere su razón de ser”, que es “garantizar la libertad, la democracia, y la verdad”, sin permitir que “ninguna denuncia sea publicitada antes” de ser comprobada.
“Hubo un momento en que en este país las denuncias de un diario o la televisión hablaban mas alto que los autos del proceso”, apuntó Lula, quien aseguró que ese compromiso “con la verdad” impedirá que ocurran nuevas “aventuras”, como la asonada golpista del pasado 8 de enero.
Gonet, a su turno, consideró que Brasil vive “un momento crucial” para el fortalecimiento del proceso democrático y sus instituciones, que estuvieron en vilo durante la gestión del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022), líder de una radical ultraderecha.
El nuevo fiscal general urgió a “revivir los altos valores constitucionales” y a “resguardar los valores republicanos”, así como anunció una “pertinaz oposición a quienes se dedican a destruir los proyectos vitales de convivencia pacífica y democrática”.
Gonet ha hecho toda su vida publica en la Fiscalía General, a la que ingresó en 1987. Tiene 62 años y hasta mediados de este año era subprocurador general electoral.
En junio pasado, representó al Ministerio Público en un juicio que suspendió por ocho años los derechos políticos del expresidente Bolsonaro, debido a una serie de abusos de poder en los que incurrió durante el proceso electoral del año pasado.
En sus nuevas funciones deberá decidir sobre diversas denuncias que todavía pesan sobre Bolsonaro y otros nombres importantes de la ultraderecha, algunas de ellas referidas a la asonada del pasado 8 de enero, cuando miles de activistas asaltaron las sedes de los tres poderes con la intención de derrocar al Gobierno de Lula.
En la mayoría de los casos, se trata de denuncias cuyo trámite fue ralentizado durante la gestión del anterior fiscal general, Augusto Aras, un funcionario alineado ideológicamente con el líder de la extrema derecha.