Dijo que el mismo día en que el gobierno da a conocer ese decreto que regula la publicidad oficial, Luis Abinader, que también es candidato a la reelección, monta un programa propagandístico en la región Sur del país, usando los recursos del Estado y desarrollando una agresiva campaña política, que incluye la presencia de medios internacionales de difusión.
Entiende que el decreto 1-24, que regula la publicidad oficial, es un vulgar engaño, porque en su artículo 4, literal J, el gobierno «se permite colocar publicidad para comunicar programas y actuaciones públicas de relevancia e interés social».
Esto significa, dice, que la relevancia depende del interés político-electoral del candidato presidencial del PRM quien colocó en el Presupuesto, que fue aprobado por el Congreso, más de ocho mil millones de pesos para publicidad de las instituciones públicas.
Si Abinader “no tenía interés en colocar publicidad oficial con fines políticos, ¿por qué se hace aprobar tantos miles de millones para seguir la fiesta y el mambo politiquero de la parafernalia oficial?”, subraya el organismo de la FP.
“En medio de una campaña electoral”, sostiene, “el decreto de marras tiene poco sentido, porque la Junta Central Electoral ha emitido una resolución, donde establece que, a partir del día 9 de enero, nadie puede hacer inauguraciones ni actos proselitistas, desde las instituciones públicas, hasta que pasen las elecciones”.
Tras reiterar que el decreto es un engaño político, el Comité Nacional de Campaña de la FP hizo saber que el gobierno lo que ha hecho es que ha aumentado el presupuesto de publicidad a sus fines electorales, lo que viola la resolución de la JCE.
“Lo que el candidato a la reelección debe explicarle al país es, ¿en qué han gastado los ocho mil millones de publicidad del año 2023?”, expresa el organismo político en un comunicado de prensa.