Lo más preocupante de la nueva ley, que también establece el Sistema Nacional de Inteligencia, le confiere al presidente de la República un poder omnímodo, al definirlo como “el conjunto de relaciones funcionales entre los organismos de inteligencia del Estado dominicano, bajo la coordinación de la Dirección Nacional de Inteligencia, con la finalidad de proveer información estratégica para la seguridad nacional”, dijo Adocco en un documento.
Entre las atribuciones que tendrá la DNI está el investigar cualquier actividad llevada a cabo por personas, grupos o asociaciones, que “atente” contra los intereses u objetivos nacionales, las instituciones del Estado, subvierta el estado de derecho, ponga en riesgo la seguridad nacional y otros aspectos adversos al Estado.
“Conociendo de nuestras debilidades institucionales, estaríamos a merced de quien esté al frente de la DNI, para que en un momento dado, este decida discrecionalmente recopilar y procesar informaciones relevantes para la seguridad nacional y la protección de los intereses de la nación y evaluar amenazas, tanto internas como externas”, afirmó la organización no gubernamental.
Adocco consideró que ‘la joya de la corona’ de la Ley 1-24 lo constituye su artículo 11 que establece que “todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, previa autorización del juez o tribunal competente, estarán obligadas a entregar al DNI todas las informaciones que esta requiera”.
En ese orden, la entidad afirmó que estas atribuciones están conferencias constitucionalmente al Ministerio Público.