En ese sentido, el destacado periodista dijo no recordar una norma que levantara tanto rechazo respecto a sus contrariedades con la constitución.
“La Dirección Nacional de Inteligencia, como se le llame, es un órgano político, y a ese órgano político se le están entregando facultades para intervenir la privacidad de cualquier persona sin tener que pasar por una autorización judicial, de un juez”, expuso.
Sostuvo que es un órgano político para el que esté en el poder tenga la facultad de espiar constantemente a todo el que quiera sin tener ningún tipo de autorización, para eso que es un golpe a la institucionalidad democrática.
Julio Martínez Pozo subrayó que es inaceptable, además señaló que se opone a la ley el CDP, el Codue, Frente Amplio, Asociación de Empresas de Comunicaciones y Tecnologías y amplios sectores, catalogando dicha norma como inconstitucional.
Manifestó que a pesar del espíritu democrático del presidente Luis Abinader, no sabe quién lo convenció para “una cosa como esa”.
El artículo 11 de la Ley 1-24 establece que “todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, previa autorización del juez o tribunal competente, estará obligada a entregar al DNI todas las informaciones que esta requiera”.
La ley establece que el DNI agrupa a las instituciones de inteligencia, es dependencia del Poder Ejecutivo.