Publicada la pasada noche en el Boletín Oficial del Estado, la ley podrá así entrar en vigor sin algunos de los artículos controvertidos excluidos por los jueces, quienes alegaron inconstitucionalidad de algunas medidas, pero sobre todo defectos de forma (medidas que no tendrían lugar en una ley migratoria).
De este modo, quedan fuera de la norma actual la creación del delito de estancia irregular, el endurecimiento del acceso a las prestaciones sociales o el establecimiento de cuotas migratorias anuales.
Tampoco han sido incluidas las restricciones al reagrupamiento familiar, la imposición de una fianza a los estudiantes extranjeros como garantía de que saldrán del país o las restricciones al llamado derecho de suelo en la adopción de la nacionalidad francesa.
La ley promulgada por Macron, que corresponde en gran parte al proyecto de su Gobierno, sí que contempla medidas para acelerar las medidas de extranjeros delincuentes y también un dispositivo, muy polémico entre la derecha, para regularizar a inmigrantes irregulares que ocupen puestos considerados en tensión.
Asimismo, la ley en vigor obliga ahora a los extranjeros extracomunitarios que quieran obtener un permiso de residencia que suscriban un contrato por el que se comprometen a respetar los principios de la República francesa: libertades individuales, la libertad de expresión o de conciencia, la igualdad de hombres y mujeres, la Constitución y la integridad territorial francesa.
Y sobre todo, que no se ampararán en sus creencias o en sus convicciones religiosas para sustraerse a las reglas comunes.
Tanto la derecha clásica de Los Republicanos (LR), autores de las medidas más duras finalmente excluidas por los jueces, y la ultraderecha de Marine Le Pen han criticado la decisión del Constitucional.
La propia Le Pen aseguró que la única manera de endurecer la ley migratoria, algo que desean la mayoría de los franceses, según las encuestas, será mediante una revisión de la Constitución que ella defiende.
Le Pen consideró que un referéndum sobre la Constitución es la única solución para abordar la cuestión migratoria.
El Consejo Constitucional tumbó así uno de los símbolos de la derecha para controlar la inmigración, la imposición de cuotas de entrada, pero lo hizo por razones de forma.
La censuró porque la ley aprobada definitivamente en diciembre establecía que esas cuotas las fijaría el Parlamento en un debate anual, y los jueces constitucionales señalan que eso atenta contra el principio de separación de poderes, porque a los diputados y senadores no se les puede imponer la organización de su trabajo.
La aprobación de la ley de inmigración supuso un giro o al menos una inflexión hacia la derecha del Gobierno del presidente Macron, al ceder en muchos puntos de su objetivo inicial para atraerse el favor de LR, y eso a costa de una cierta división entre sus propias filas.
Una división que se tradujo en el voto contra la ley de 27 de los 248 diputados del bloque macronista, los del ala más centrista, además de en la dimisión del ministro de Sanidad, Aurélien Rousseau.
La amplia censura constitucional de la ley abre ahora un periodo de incertidumbre sobre la posibilidad de volver a coser las fracturas dentro de ese bloque, pero también abre el riesgo de una ruptura con LR, cuyos parlamentarios serán necesarios para futuros proyectos legislativos.