Precisan que dicha Ley es un adefesio, por considerarla violatoria a varios derechos fundamentales, que tiene como único propósito amordazar la prensa que no podrán guardar sus fuentes.
Indican que dicho proyecto no fue debatido por los partidos políticos, ni la sociedad civil, ni fue a vista pública, y aprobado el 30 de diciembre cuando los legisladores estaban en total ánimo navideño e irse rápidamente a sus respectivas provincias. “Fue un palo asechado”, dicen.
Especifican que el presidente Abinader debe prestar atención a sectores representativos de la sociedad dominicana que han cuestionado la Ley. Entre ellos la Sociedad Dominicana de Diarios (SDD).
La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) por las consecuencias para la libertad de prensa y las fuentes confidenciales de información que acarrea la ley.
El obispo de la Diócesis de La Altagracia, monseñor Jesús Castro Marte, llamó a las autoridades a prestar atención a las ambigüedades en algunos artículos. “No se puede “retroceder” en conquistas ya logradas en ese ámbito”, proclamó.
Asimismo, la Asociación de Empresas de Comunicación y Tecnología (Comtec), Alianza Dominicana Contra la Corrupción (Adocco) y la Fundación Periodismo advirtieron sobre el peligro que, a su juicio, ofrece esta ley.
La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) la calificó como “Ley Dictadura del presidente Abinader”, el mayor desacierto legislativo en la historia de la RD, una aberración y atentado a la libertad de expresión y de prensa.
Además, violadora de la intimidad de las personas, del honor, al buen nombre y la propia imagen, todo en desconocimiento a la Constitución, podría ser usada para un férreo control político, digital, social y mediático de los contrarios al régimen de turno, indica FJT.
Dicen los quisqueyanos que es un atentado a los artículos 5, 6, 7, 8, 38, 69, y 78 de la Constitución dominicana.
El artículo 11 de dicha ley, expresa: "todas las dependencias del Estado, instituciones privadas o personas físicas, sin perjuicio de las formalidades legales para la protección y garantía del derecho a la intimidad y el honor personal", a proporcionar a la Dirección Nacional de Inteligencia "toda la información que esta requiera sobre la cual se tengan datos o conocimientos en asuntos que puedan afectar la seguridad nacional".
El artículo 26 establece sanciones penales, como prisión de dos a tres años y multas de nueve a 15 salarios mínimos del sector público, para aquellos que "oculten información" requerida por la DNI.
Entre los firmantes figuran los periodistas William Jiménez; Yenny Gómez, el autor de esta crónica; Luis Alfredo Collado y Román Polanco; Jaime Vargas, sociólogo; Ismael Alcántara, abogado; Mélida de Jesús y Andrea Marmolejos, licenciados; Dayanara Borbón y Radhamés García, activistas comunitarios.
Asimismo, Félix Jerez, presidente federal-USA del PDI; Luis Ferreira, presidente del BIS-NY; Luis Lithgow, presidente PLD-NY; Carlos Feliz, presidente FP-NY; José Torres, Carlos Álvarez y José Ml. Ruiz, taxistas; Clemente Sierra y Alberto López, profesores; Milcíades Domínguez y Héctor Martínez, comerciantes.
Además, Sofia Báez, Sudelka Luna, Ingrid Madera y Nancy de Hernández, amas de casas. También, los ciudadanos Stalin Rosario, Ángel Liberato, Meregildo López, Nelson Duarte, y Octavio Borges, entre otros.