Carlos Amarante Baret, miembro del Comité Político (CP) del Partido de la
Liberación Dominicana (PLD), denunció la inobservancia de la Junta Central
Electoral (JCE) ante el evidente uso de los recursos del Estado para favorecer
a los candidatos oficialistas.
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“Ante el desbordamiento del gobierno en la campaña municipal para beneficiar a sus candidatos con bonos, electrodomésticos, alimentos, zinc, fiestas, compra de opositores a diario, inauguraciones ilegales; la JCE está de vacaciones. No dice ni esta boca es mía”, colgó el dirigente opositor en su cuenta de X.
En este sentido, en una instancia dirigida al presidente del órgano de comicios, el Partido de la Liberación Dominicana cita 6 casos puntuales en los que funcionarios públicos realizan operativos de asistencia social y entrega de recursos públicos en varias comunidades con la presencia y participación activa de candidatos a senadores, diputados, alcaldes y regidores del partido de gobierno, o a favor de estos, en franca violación a la Ley Orgánica de Régimen Electoral.
“Ante el desbordamiento del gobierno en la campaña municipal para beneficiar a sus candidatos con bonos, electrodomésticos, alimentos, zinc, fiestas, compra de opositores a diario, inauguraciones ilegales; la JCE está de vacaciones. No dice ni esta boca es mía”, colgó el dirigente opositor en su cuenta de X.
Denuncia del PLD ante la JCE
El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) depositó este jueves ante la Junta Central Electoral (JCE) una denuncia formal sobre el uso de los recursos del Estado que desde hace meses ha estado haciendo el Gobierno central para promover y beneficiar a candidatos del Partido Revolucionario Moderno (PRM) en varios municipios y provincias del país, incurriendo así en groseras violaciones a la Ley Orgánica de Régimen Electoral, núm. 20-23.En este sentido, en una instancia dirigida al presidente del órgano de comicios, el Partido de la Liberación Dominicana cita 6 casos puntuales en los que funcionarios públicos realizan operativos de asistencia social y entrega de recursos públicos en varias comunidades con la presencia y participación activa de candidatos a senadores, diputados, alcaldes y regidores del partido de gobierno, o a favor de estos, en franca violación a la Ley Orgánica de Régimen Electoral.