Mediante una rueda de prensa, Hernández, manifestó que, presuntamente, el Gobierno sólo entregó, en el mes de diciembre, bonos por 460 millones de pesos reservando 2,040 millones para las elecciones de febrero y mayo, extendiendo su vigencia hasta el mes de junio, en violación a la Ley Orgánica del Presupuesto, y de la propia Ley del Régimen Electoral.
“El artículo 210 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral prohíbe expresamente el uso y abuso de los programas sociales para fines políticos, lo cual evidentemente constituye una vulneración al principio de equidad y transparencia que deben normar los procesos políticos, al establecerse un mercado persa con bonos navideños donde el voto y la cédula se entregan a cambio del citado bono, el cual por venir al portador, es un instrumento de cooptación y manipulación”, afirmó el jurista.
De igual manera, el abogado indicó que la Junta Central Electoral al tenor del artículo 212 de la Constitución, se encuentra en la obligación de tomar medidas cautelares para garantizar la equidad en los procesos eleccionarios.
Finalmente, Surún Hernández, emplazó al pleno de la JCE para que el organismo de elecciones actúe en consecuencia, pues de lo contrario estaría institucionalizando la compra del voto, en detrimento de miles de dominicanos de escasos recursos.